El proceso judicial por el colapso del techo de la discoteca Jet Set deberá continuar bajo la dirección de un nuevo juez, luego de que la magistrada Clara Luz Almonte decidiera apartarse voluntariamente del conocimiento del caso al considerar que existen circunstancias personales que comprometen la apariencia de imparcialidad exigida para ejercer la función jurisdiccional.
La decisión fue adoptada por la jueza de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, quien ordenó remitir el expediente a la Presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional para que evalúe la procedencia de la inhibición y designe al magistrado que continuará el juicio seguido contra los empresarios Antonio Espaillat y Maribel Espaillat. Ambos enfrentan cargos por presunto homicidio involuntario y lesiones involuntarias, tras el desplome ocurrido en abril de 2025, una tragedia que dejó 236 personas fallecidas y más de 180 heridas.
El expediente había sido asignado al tribunal el pasado 19 de junio de 2026. Sin embargo, mediante una resolución fechada el 26 de junio, la magistrada fundamentó su decisión en el artículo 80, numeral 8, del Código Procesal Penal Dominicano, disposición que permite a un juez inhibirse cuando mantiene una relación de amistad o cercanía con alguna de las personas involucradas en el proceso, situación que podría afectar la confianza en la objetividad de la decisión judicial.
En su exposición, Almonte explicó que entre las víctimas mortales del siniestro se encontraba Margarita Herminia Robles Reyes, a quien describió como una amiga muy cercana. La jueza relató que también mantenía una estrecha relación con la familia de la fallecida y recordó el impacto emocional que vivió durante las labores de búsqueda tras el derrumbe. Según expresó en el documento, acompañó de manera directa a los familiares durante el proceso de duelo e incluso permaneció junto a la madre de la víctima, quien posteriormente falleció tras el deterioro de su estado de salud, agravado por la pérdida de su hija.
La magistrada sostuvo que esas vivencias generan una carga emocional incompatible con la objetividad que debe prevalecer en un proceso penal de esta naturaleza. En ese sentido, afirmó que la administración de justicia no solo debe actuar con independencia e imparcialidad, sino también transmitir esa percepción a la sociedad, razón por la que consideró procedente apartarse del conocimiento del caso para preservar la credibilidad y la transparencia del proceso judicial.
