El Ministerio Público solicitó este lunes la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra tres personas acusadas de integrar una estructura que habría desviado fondos destinados a la atención de pacientes con cáncer en el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), en perjuicio del Estado dominicano y de afiliados del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La solicitud fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, junto con el pedido de que el proceso sea declarado complejo debido a la magnitud de las investigaciones y la cantidad de hechos imputados.
Entre los acusados figura Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC. También están imputadas Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa del imputado y exvicepresidenta del patronato.
De acuerdo con el Ministerio Público, los imputados habrían ejecutado diversas maniobras fraudulentas para apropiarse de recursos del centro de salud, incluyendo el uso de instalaciones del instituto para procedimientos estéticos, reembolsos irregulares por viajes y hospedajes, así como acciones de sabotaje digital y sustracción de archivos.
La investigación también abarca presuntas irregularidades vinculadas a fraude clínico y farmacéutico, entre ellas la alteración de indicaciones médicas, uso de sellos falsificados, doble facturación al Senasa y la entrega incompleta de medicamentos a pacientes.
Las autoridades sostienen, además, que se habrían cometido otras acciones ilícitas, como la venta de medicamentos donados, el aprovechamiento indebido de exoneraciones fiscales y el manejo irregular de sustancias controladas.
La acusación fue presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en coordinación con la Fiscalía de Santiago y otros representantes del Ministerio Público.
Los tres imputados fueron arrestados durante la Operación Onco14, desarrollada con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC). Durante los allanamientos fueron ocupados dinero en efectivo, un arma de fuego, documentos, equipos electrónicos, vehículos y otros elementos considerados de interés para la investigación.
Según el expediente, la presunta estructura operaba con la participación de empleados y personas vinculadas al instituto, quienes habrían actuado de manera coordinada para desviar recursos económicos administrados por el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, fondos destinados a la atención de pacientes oncológicos.
El Ministerio Público indicó que Lora Cruceta asumió la presidencia del patronato en octubre de 2018 por un período de dos años, pero permaneció en el cargo hasta octubre de 2025, manteniendo el control de la entidad durante ese tiempo.
Las autoridades sostienen que el objetivo de la estructura era disponer de los recursos del Instituto Oncológico Regional del Cibao y aprovechar las aportaciones estatales destinadas a financiar tratamientos contra el cáncer.
