Redacción La Razón
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JusticiaNacionales
Dictan prisión preventiva a dos acusados de integrar presunta red de tráfico de armas y drogas
Un tribunal del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva contra dos hombres señalados como piezas clave de una supuesta organización dedicada al tráfico ilegal de armas de fuego y sustancias narcóticas. Además, el caso fue declarado complejo debido a la magnitud de la investigación y la cantidad de implicados. La medida recayó sobre Juan Francisco Morel Díaz, conocido como “Bobi” o “Arismendy”, identificado por el Ministerio Público como presunto líder de la estructura, y Wilson Manuel Abreu Disla. Ambos deberán cumplir la coerción en la cárcel Juana Núñez, en la provincia Hermanas Mirabal. Mientras tanto, el tribunal dispuso medidas menos gravosas para el resto de los imputados, entre ellas garantías económicas, impedimentos de salida del país y presentación periódica ante las autoridades. Según la investigación, la supuesta organización se dedicaba a introducir de manera clandestina armas de fuego al territorio nacional para su posterior comercialización. Las autoridades sostienen que parte del armamento era distribuido de forma ilegal en distintos puntos del país e incluso terminaba abasteciendo establecimientos relacionados con la venta de armas. El caso tomó fuerza a partir de la detención de Brayan Jesús Gil Pérez en diciembre de 2025, cuando fue sorprendido con varias pistolas dentro de una mochila. A partir de ese arresto, las autoridades profundizaron las pesquisas y comenzaron a identificar a otros presuntos integrantes de la red. Las investigaciones incluyeron interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente, mediante las cuales el Ministerio Público asegura haber documentado negociaciones, coordinaciones de ventas y movimientos relacionados con armas de diferentes marcas y calibres. De acuerdo con el expediente, algunos de los acusados mantenían contactos frecuentes para gestionar la compra, venta y entrega de armamento, además de coordinar cobros derivados de esas transacciones. En algunas conversaciones también se habrían detectado amenazas y referencias a actividades ilícitas vinculadas con la organización. Como parte del proceso, fiscales y agentes policiales realizaron once allanamientos simultáneos en distintas propiedades vinculadas a los imputados. Durante los operativos fueron ocupadas armas cortas y largas, municiones, cargadores de alta capacidad, accesorios tácticos, chalecos antibalas y otras evidencias consideradas relevantes para el caso. Las autoridades también incautaron dinero en efectivo, vehículos, dispositivos electrónicos y documentación relacionada con presuntas operaciones ilegales. En uno de los allanamientos se encontraron además porciones de sustancias narcóticas que se presume corresponden a cocaína y marihuana. El Ministerio Público sostiene que una parte importante del arsenal decomisado carecía de documentación legal y que algunas de las armas y accesorios ocupados presentan características propias de equipamiento militar. Las investigaciones continúan abiertas con el objetivo de identificar posibles colaboradores adicionales y determinar el alcance completo de la presunta red criminal.
