La República Dominicana figura entre los países señalados por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) en una investigación sobre presuntas debilidades en la prevención del trabajo forzoso dentro de las cadenas de suministro, una situación que podría derivar en mayores exigencias comerciales y eventuales medidas arancelarias en el futuro.
El informe, elaborado bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, concluye que varias economías no han implementado mecanismos suficientes para impedir que productos vinculados al trabajo forzoso ingresen al comercio internacional. Como resultado, Estados Unidos evalúa la aplicación de aranceles adicionales de entre un 10 % y un 12.5 % a importaciones procedentes de unas 60 naciones.
Además de República Dominicana, la investigación menciona a países como México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina y Chile.
Aunque por el momento no se han impuesto sanciones directas, el señalamiento coloca al país bajo una vigilancia más estricta en momentos en que Estados Unidos refuerza sus políticas comerciales basadas en criterios de derechos laborales, seguridad económica y trazabilidad de las cadenas productivas.
La situación adquiere especial relevancia debido a la estrecha relación comercial entre ambos países. Durante 2025, las exportaciones dominicanas alcanzaron los 14,645 millones de dólares, de los cuales 7,124 millones tuvieron como destino el mercado estadounidense, representando cerca del 49 % del total exportado.
El impacto potencial sería significativo para las zonas francas, principal motor exportador del país. De los envíos dominicanos hacia Estados Unidos, más de 6,300 millones de dólares provinieron de este régimen productivo, concentrado en sectores como dispositivos médicos, farmacéuticos, manufactura eléctrica, electrónica, confecciones textiles y tabaco.
De concretarse algún gravamen adicional, especialistas estiman que el sobrecosto para las exportaciones dominicanas podría oscilar entre 712 y 890 millones de dólares anuales, dependiendo del porcentaje aplicado.
Sin embargo, el escenario también presenta oportunidades. La investigación afecta igualmente a importantes competidores asiáticos como Bangladesh, Camboya, Pakistán y Malasia. Ante posibles restricciones comerciales, empresas estadounidenses podrían acelerar procesos de relocalización de operaciones hacia mercados más cercanos, una tendencia conocida como nearshoring.
En ese contexto, República Dominicana mantiene ventajas competitivas importantes gracias a su ubicación geográfica, su acceso preferencial al mercado estadounidense mediante el tratado DR-CAFTA y la experiencia acumulada de sus zonas francas en sectores industriales estratégicos.
No obstante, el informe deja claro que el acceso privilegiado al mercado norteamericano dependerá cada vez más de la capacidad de los países para demostrar el cumplimiento de estándares laborales internacionales y la supervisión efectiva de sus procesos productivos.
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