Una investigación del Ministerio Público ha destapado una red de corrupción que involucra a la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral SRL (Senase), la cual pagó al menos 108 millones de pesos en sobornos para asegurar contratos con instituciones públicas como el Inaipi, Senasa y las distribuidoras eléctricas Edenorte, Edesur y Edeeste. Estos pagos se habrían realizado entre 2012 y los primeros meses de 2025, según la solicitud de medida de coerción depositada contra varios implicados, entre ellos altos oficiales militares y civiles.
El esquema operaba a través de sobornos sistemáticos, equivalentes al 5 % o 10 % del valor de las facturas estatales, entregados a funcionarios encargados de contrataciones, supervisión y ejecución de los servicios. La estructura corrupta, según el expediente, alteró todo el proceso: desde los términos de referencia hasta la renovación de los contratos, provocando una parálisis de los controles internos y facilitando que se mantuvieran vigentes contrataciones a favor de Senase.
Entre los principales imputados figuran el mayor general retirado Carlos Ambrosio Robles Díaz y varios coroneles de distintas ramas militares, así como el empresario Quilvio Rodríguez González. El Ministerio Público solicitó que el caso sea declarado complejo y pidió prisión preventiva para todos los acusados. El conocimiento de la medida de coerción fue aplazado para el lunes en la tarde por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
