A pesar de su propósito de salvaguardar la vida de las víctimas de violencia de género, las órdenes de alejamiento en República Dominicana no siempre logran evitar tragedias. Según cifras de la Procuraduría General, un 15.2 % de las mujeres con órdenes de alejamiento emitidas hasta septiembre de este año fueron asesinadas, lo que plantea interrogantes sobre su verdadera efectividad. Expertos en salud mental advierten que estas medidas pueden intensificar la agresividad del agresor, mientras que defensores de la ley subrayan que su implementación es crucial, pero insuficiente sin un enfoque integral que incluya apoyo psicológico, educativo y mayores recursos económicos.
La magistrada Ana Andrea Villa Camacho, directora nacional contra la Violencia de Género, destaca la necesidad de un presupuesto protegido para fortalecer la respuesta ante estos casos, incluyendo tecnología de monitoreo, rehabilitación para agresores y centros especializados en salud mental. Asimismo, sobrevivientes como Cristiana, quien enfrentó un intento de feminicidio, recalcan las limitaciones de estas medidas legales para protegerlas plenamente.
El debate continúa sobre cómo mejorar la protección de las víctimas. Mientras países como España asignan agentes policiales para salvaguardar a mujeres en riesgo, en República Dominicana se busca avanzar con los recursos disponibles y fomentar una cultura preventiva para combatir este flagelo.
