La reconstrucción de viviendas se ha convertido en el principal desafío para Venezuela tras los terremotos del pasado 24 de junio, una emergencia que ya deja al menos 4,333 fallecidos y 16,740 heridos. Con miles de familias desplazadas y decenas de campamentos temporales en funcionamiento, el Gobierno anunció que requerirá unas 25,000 soluciones habitacionales para responder a la magnitud del desastre.
Como parte de esa estrategia, las autoridades iniciaron un censo biométrico en refugios habilitados en Caracas, Miranda y La Guaira, además de otras zonas donde aún se inspeccionan edificaciones con daños estructurales. La información recopilada permitirá determinar el número definitivo de viviendas que deberán construirse o adquirirse para atender a quienes perdieron sus hogares.
Durante una rueda de prensa, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que las primeras 200 viviendas serán entregadas la próxima semana por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez. Explicó que la estimación inicial de 25,000 unidades podría modificarse conforme avance la evaluación técnica de inmuebles que permanecen en pie, pero presentan afectaciones que podrían hacerlos inhabitables.
La crisis continúa reflejándose en las labores de rescate y recuperación. El balance oficial elevó a 4,333 la cifra de víctimas mortales, uno de los incrementos más significativos registrados en las últimas dos semanas, mientras continúan los trabajos de remoción de escombros, especialmente en La Guaira. Paralelamente, más de 31,000 pacientes han recibido atención hospitalaria y la mayoría ya fue dada de alta, según los datos gubernamentales.
Otro de los retos pendientes es la identificación de las víctimas. Las autoridades informaron que 315 cuerpos permanecen sin reconocer, aunque aseguraron que todos han sido sometidos a procedimientos de identificación mediante huellas dactilares y toma de muestras biológicas antes de ser sepultados. El Gobierno rechazó versiones sobre enterramientos en fosas comunes y explicó que los restos son inhumados individualmente en el cementerio La Esperanza, donde además se amplía la capacidad para recibir nuevas sepulturas.
La administración venezolana también defendió el ritmo de las operaciones de búsqueda, señalando que la remoción de estructuras colapsadas avanza con cautela ante la posibilidad de localizar sobrevivientes. Aunque plataformas independientes estiman que aún hay decenas de miles de personas sin contactar desde el desastre, el Ejecutivo sostuvo que únicamente divulga cifras plenamente verificadas para evitar especulaciones sobre el número de desaparecidos.
La respuesta oficial contempla medidas que van más allá de la construcción de nuevas viviendas. Rodríguez explicó que unas 90 escuelas utilizadas actualmente como refugios deberán ser desocupadas antes del inicio del próximo año escolar, por lo que se trabaja en habilitar campamentos unifamiliares temporales, concluir proyectos habitacionales en ejecución y adquirir inmuebles disponibles en el mercado. Además, anunció que el Parlamento impulsará una reforma a la legislación de arrendamientos con el objetivo de incentivar el alquiler de viviendas actualmente desocupadas.
A la par de esas iniciativas, equipos técnicos identifican terrenos aptos para desarrollar urbanizaciones antisísmicas. Un sobrevuelo realizado en La Guaira permitió localizar más de 40 espacios que suman alrededor de 584,000 metros cuadrados, destinados a futuras construcciones de baja altura. Naciones Unidas respalda parte del plan mediante la gestión de recursos para incorporar viviendas prefabricadas, mientras el Gobierno busca acceder a fondos retenidos en el exterior para acelerar la reconstrucción. El balance oficial más reciente reporta 17,907 personas sin hogar, 86,794 familias asistidas, 94 campamentos temporales activos y 1,203 réplicas registradas desde el inicio de la emergencia.
