Un creciente malestar se refleja entre usuarios del servicio eléctrico que acuden a las oficinas de Protección al Usuario de Electricidad (Protecom), quienes denuncian facturaciones injustificadas y retrasos en procesos como el retiro de medidores. María González Martínez, paciente de cáncer, relató que pese a haber solicitado la cancelación de su servicio hace dos meses, aún recibe facturas que se ha visto obligada a pagar, mientras asegura haber recibido un trato descortés en algunas estafetas.
Otro caso es el de Manuel Antonio Reynoso Reyes, quien reclama inconsistencias en sus facturas, con cobros que varían de RD$800 hasta RD$7,000 en distintos meses, sin una explicación clara. Según narró, inspectores de la distribuidora identificaron problemas técnicos en su medidor, pero las soluciones no han sido definitivas, lo que lo ha llevado a sentir que reclamar resulta inútil porque “uno nunca tiene la razón”.
Ambas experiencias coinciden con las quejas de otros clientes que aseguran sentirse desprotegidos y decepcionados de Protecom, ya que entienden que en la práctica el organismo falla más a favor de las distribuidoras que de los usuarios. Estas denuncias ponen en evidencia la desconfianza y desgaste emocional de quienes esperan respuestas efectivas frente a cobros que consideran abusivos.
