La presencia de la Guardia Nacional se ha convertido en parte del paisaje cotidiano de Washington D.C., donde este 13 de agosto se cumple un año desde que el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de esta fuerza militar de reserva para reforzar la seguridad en la capital estadounidense.
La decisión, adoptada bajo la declaración de una «emergencia de seguridad pública», continúa vigente pese a que las estadísticas disponibles cuando comenzó el operativo mostraban una reducción de los delitos violentos. En agosto de 2025, los registros de la Policía Metropolitana y del Gobierno local reflejaban una disminución de 26 % frente al mismo período del año anterior.
El alcance de la medida también la diferencia de otros operativos impulsados por Trump. Los despliegues realizados en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Portland fueron posteriormente retirados, mientras que Washington permanece como el único escenario donde la Guardia Nacional mantiene una operación permanente.
El Pentágono ha confirmado que los patrullajes continuarán, en principio, hasta el 20 de enero de 2029, aunque la orden contempla que el presidente pueda ponerles fin antes de esa fecha. El despliegue supone además un costo significativo: el Departamento de Defensa estima que la operación requerirá unos 1,400 millones de dólares hasta el final de la actual administración, con un promedio de 2,500 efectivos en la capital.
La efectividad del operativo es uno de los principales puntos de controversia. Chandler Hall, director asociado de Seguridad Pública del Center for American Progress, sostiene que la reducción de los delitos violentos comenzó antes de la llegada de las tropas federales y que no existe evidencia concluyente de que su presencia haya producido una disminución adicional de los homicidios o de la violencia armada.
Los datos utilizados por los críticos apuntan a que Washington ya registraba en 2024 su nivel más bajo de delitos violentos en tres décadas y que la tasa de homicidios de 2025 fue inferior a la de ciudades como St. Louis y Baltimore, donde no se desplegó la Guardia Nacional.
La medida tampoco ha generado una respuesta uniforme entre los residentes. Mientras grupos ciudadanos y organizaciones civiles han organizado protestas contra el patrullaje permanente, algunos comerciantes y habitantes respaldan la presencia de los militares porque consideran que contribuye a reforzar la sensación de seguridad en determinados sectores.
El debate también se ha trasladado al terreno jurídico. El Partido Demócrata y organizaciones como el Brennan Center for Justice cuestionan que el Gobierno federal mantenga durante años una intervención de este tipo en la capital y advierten sobre los riesgos de una militarización prolongada de las funciones de seguridad pública.
Un año después de la orden inicial, los efectivos continúan patrullando calles y estaciones del metro de Washington. La discusión ya no gira únicamente en torno a la emergencia que justificó su llegada, sino también al costo, la legalidad y los resultados de mantener una presencia militar federal que podría extenderse durante buena parte del actual mandato presidencial.
