Washington.- La ofensiva militar de Estados Unidos contra embarcaciones señaladas de transportar drogas cumple un año con un saldo de 227 personas muertas y al menos 68 embarcaciones destruidas, mientras la Administración de Donald Trump mantiene abierta la posibilidad de continuar ampliando la campaña en el Caribe y el Pacífico oriental.
La operación comenzó el 2 de septiembre de 2025, cuando Trump anunció que las Fuerzas Armadas estadounidenses habían atacado una embarcación que, según Washington, transportaba drogas desde Venezuela. El mandatario afirmó entonces que las 11 personas a bordo pertenecían al Tren de Aragua y las calificó de “narcoterroristas”.
Aquel primer ataque terminaría convirtiéndose en el punto de partida de una campaña que posteriormente sería identificada como Lanza del Sur y que extendió el uso de la fuerza militar contra embarcaciones sospechosas de participar en el tráfico de drogas.
El episodio inicial también anticipó una de las principales controversias que han acompañado la operación. Después del primer ataque quedaron dos personas con vida aferradas a los restos de la embarcación. Posteriormente se conoció que fueron objeto de un segundo ataque y murieron. La Administración Trump defendió la acción como necesaria para eliminar por completo la amenaza y el cargamento, mientras especialistas y organizaciones de derechos humanos cuestionaron su legalidad.
Una campaña difícil de contabilizar
Durante los siguientes meses, el Comando Sur de Estados Unidos comenzó a anunciar periódicamente nuevos ataques, principalmente mediante publicaciones en redes sociales.
La falta de información detallada sobre la ubicación de las operaciones, la identidad de las personas fallecidas y las pruebas utilizadas para determinar que las embarcaciones estaban vinculadas al narcotráfico ha dificultado establecer un balance independiente completo.
Organizaciones que han seguido la campaña han documentado decenas de ataques en aguas del Caribe y del Pacífico oriental. Un recuento de WOLA registra 67 embarcaciones atacadas en 63 operaciones y 221 personas muertas, además de tres supervivientes recuperados; otros balances actualizados elevan el número a 68 embarcaciones y 227 fallecidos.
La diferencia entre los recuentos refleja precisamente uno de los problemas centrales de la operación: la información pública sobre cada ataque ha sido limitada y los datos disponibles han tenido que ser reconstruidos a partir de comunicados oficiales, investigaciones periodísticas y organizaciones independientes.
Washington defiende los resultados
La Casa Blanca sostiene que la campaña ha reducido de manera significativa el movimiento marítimo asociado al narcotráfico.
Funcionarios estadounidenses aseguran que la actividad ilícita detectada por el Comando Sur se redujo alrededor de un 65 % en el Caribe occidental, 60 % en el Caribe oriental y cerca de 50 % en las costas del Pacífico, una situación que, según Washington, demuestra que la presión militar está obligando a los grupos criminales a modificar sus rutas y asumir mayores costos y riesgos.
La Administración Trump también ha incorporado los ataques dentro de una estrategia más amplia contra organizaciones que Estados Unidos considera vinculadas al narcotráfico y que ha designado como organizaciones terroristas extranjeras.
Sin embargo, críticos de la operación cuestionan que una reducción de las embarcaciones detectadas pueda interpretarse por sí sola como una disminución del narcotráfico. También reclaman información verificable sobre los cargamentos, las identidades de las víctimas y los criterios utilizados para seleccionar los objetivos.
La controversia legal sigue abierta
La utilización de ataques letales contra personas que Washington identifica como narcotraficantes ha provocado cuestionamientos sobre el marco jurídico utilizado por el Gobierno estadounidense.
Organizaciones de derechos humanos y expertos en derecho internacional sostienen que los ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, debido a que las personas a bordo no estarían necesariamente participando en un conflicto armado que permita aplicar las reglas de la guerra. Un informe reciente de WOLA sostiene que la campaña plantea serios problemas bajo el derecho internacional y reclama el fin de los ataques.
El Gobierno estadounidense, por su parte, sostiene que actúa contra organizaciones criminales que representan una amenaza directa para Estados Unidos y defiende sus operaciones como parte de una estrategia militar contra el narcotráfico.
Una operación que no parece llegar a su fin
Lejos de anunciar el cierre de la campaña, Washington ha profundizado la cooperación militar y de seguridad con distintos gobiernos latinoamericanos.
La estrategia también se ha integrado a una política regional más amplia orientada a presionar a los grupos criminales para que pierdan el control de las rutas utilizadas para transportar drogas y de los territorios donde operan.
Después de un año, Lanza del Sur deja así un balance marcado por una cifra elevada de víctimas, decenas de embarcaciones destruidas y una disputa que continúa abierta: Washington presenta la operación como una herramienta efectiva contra el narcotráfico, mientras sus críticos cuestionan tanto sus resultados como la legalidad de matar a personas sin un proceso judicial.
