El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó el envío de 300 miembros de la Guardia Nacional a Chicago con el objetivo de “proteger a los funcionarios y bienes federales”, según informó la Casa Blanca. La decisión fue tomada en medio de un clima de tensión por su política de deportaciones masivas y tras un tiroteo ocurrido esa misma mañana en la ciudad. Sin embargo, una jueza federal bloqueó el despliegue de tropas en Portland, argumentando que no existía una amenaza real de rebelión que justificara la medida.
El fallo judicial, emitido por la jueza Karin Immergut, detuvo temporalmente la orden presidencial al considerar que las protestas registradas en Portland no representaban un peligro para el gobierno ni requerían intervención militar. Trump había defendido su decisión alegando que las tropas eran necesarias para combatir la criminalidad y los disturbios, mientras líderes locales y senadores demócratas calificaron el despliegue como un intento de infundir miedo.
El Departamento de Seguridad Nacional informó que el envío de tropas a Chicago coincidió con un tiroteo donde un agente federal disparó contra un conductor armado. Las autoridades federales alegan que el hecho se produjo cuando varios vehículos rodearon a los agentes. Mientras tanto, la policía local negó haber abandonado la escena y aseguró que no participa en la investigación del incidente.
