Más de 175.000 visados de extranjeros han sido revocados por Estados Unidos desde enero de 2025, cuando Donald Trump inició su segundo mandato, en una nueva muestra del endurecimiento de los controles migratorios impulsados por su Administración.
El Departamento de Estado explicó que una parte importante de las cancelaciones está relacionada con incidentes con las autoridades, agresiones, robos y casos de conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas. La medida alcanza a personas que ya tenían autorización para ingresar al país.
Washington sostiene que la tenencia de un visado constituye un privilegio y no un derecho, y advirtió que empleará los mecanismos disponibles para retirar esa autorización cuando determine que un extranjero ha abusado de ella o representa un motivo de preocupación para las autoridades estadounidenses.
Entre los casos citados por el Gobierno aparecen extranjeros acusados de agresión sexual o alteración del orden público. También fueron mencionadas personas que expresaron respaldo al asesinato del activista conservador estadounidense Charlie Kirk, ocurrido el año pasado.
La política de revocaciones también ha incluido razones vinculadas con la política exterior. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha cancelado visados de personas que, según el Departamento de Estado, estaban relacionadas con operaciones de influencia de gobiernos extranjeros, incluido un ciudadano cubano señalado por sus vínculos con La Habana y ciudadanos iraníes relacionados con el Gobierno de Irán.
Este proceso forma parte de una política migratoria más restrictiva que también ha modificado el procedimiento para obtener visas. Estados Unidos ha incrementado el escrutinio de los solicitantes, incluido el análisis de su actividad en redes sociales, y ha establecido nuevas condiciones para determinados tipos de visado y nacionalidades.
El alcance de las revocaciones refleja, además, un cambio en la forma en que Washington utiliza la autorización de entrada al país: no solo como un mecanismo migratorio, sino también como una herramienta para responder a determinadas conductas, antecedentes y consideraciones de seguridad o política exterior.
