Sango Domingo.- El cumplimiento de las obligaciones patrimoniales quedó entre las primeras disposiciones adoptadas por el nuevo director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, quien estableció un plazo máximo de 30 días para que los oficiales sujetos a la Ley 311-14 presenten su declaración jurada ante la Cámara de Cuentas.
La medida alcanza a directores y comandantes departamentales que, por las funciones que desempeñan, estén incluidos entre los servidores públicos obligados a declarar sus bienes. El memorándum establece que el incumplimiento puede derivar en la destitución inmediata de la función, además de las sanciones contempladas en los reglamentos institucionales.
La decisión se produce pocos días después de una amplia reorganización de la estructura de mando policial, que incluyó nuevos responsables en direcciones centrales, regionales, áreas y departamentos. Rodríguez García asumió la dirección general junto al general Esteban Figuereo García, designado subdirector general, y el general Martín Tapia Sánchez, quien pasó a ocupar la Inspectoría General.
El marco legal citado en la disposición no se limita a la máxima autoridad de la institución. Entre los cargos policiales contemplados figuran el jefe y subjefe de la Policía, encargados departamentales y regionales y otros oficiales que ocupen posiciones de mando operativo o administrativo, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 311-14 y su reglamento de aplicación 92-16.
Dentro de los cambios recientes aparecen oficiales al frente de estructuras regionales como Orison L. Olivence Minaya, en la Regional Noreste; Julio César Acosta Félix, en la Regional Nordeste; y Jorge Miguel Perdomo Sena, en la Regional Sur Central. También fueron designados René Eurispides Luna Kunhardt para Santo Domingo Oeste, Edison Cabrera Concepción para La Vega y Leuribis Urbaez Mancebo para La Altagracia.
Más que una exigencia dirigida indiscriminadamente a todos los recién nombrados, el documento establece una condición específica: deberán cumplir quienes estén legalmente obligados a presentar la declaración patrimonial. Esto delimita el alcance de la orden y vincula la responsabilidad de cada funcionario con el cargo que ocupa y las obligaciones previstas por la legislación.
La declaración jurada constituye uno de los mecanismos establecidos para transparentar el patrimonio de determinados funcionarios públicos y permitir el control sobre la evolución de sus bienes durante el ejercicio de sus responsabilidades. En el caso de la Policía, la disposición adquiere relevancia adicional por tratarse de una institución en la que los cambios de mando concentran amplias facultades operativas y administrativas.
Con la entrada en vigor de este plazo, los oficiales comprendidos en la norma disponen de un período definido para regularizar su situación patrimonial ante la Cámara de Cuentas. La advertencia de destitución convierte el cumplimiento de la declaración en una de las primeras señales de la nueva dirección sobre las responsabilidades que acompañarán a los cargos de mando dentro de la institución.
