SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DUARTE.- Una construcción que se ejecutaba dentro de los límites del Parque Ecológico Rivera del Río Jaya fue paralizada por el Ministerio Público luego de que una inspección determinara que los trabajos se realizaban sin los permisos ambientales requeridos y dentro del área de protección del afluente.
La intervención se produjo durante un operativo coordinado por la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren), junto con autoridades ambientales y agentes del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa).
Entre las irregularidades detectadas figura la intervención de terrenos ubicados en el cauce del río mediante trabajos de corte y nivelación, sin que los responsables contaran con una licencia o autorización ambiental para ejecutar esas labores.
Las autoridades también establecieron que la obra se desarrollaba violando el margen lineal de 30 metros establecido para la protección de los ríos por la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00.
La procuradora de Corte y coordinadora de Proedemaren en San Francisco de Macorís, Juana María Brito Morales, explicó que la condición de área protegida del espacio intervenido obliga a que cualquier proyecto que pueda afectarlo cuente previamente con los estudios de impacto ambiental y las autorizaciones correspondientes.
De acuerdo con las autoridades, el responsable de la obra, identificado como el ingeniero José Veras, no disponía de la permisología ambiental requerida para los trabajos que se encontraban en ejecución.
En el operativo participaron miembros de la Dirección Provincial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, personal de la coordinación de la Regional Norte de Áreas Protegidas y agentes del Senpa, quienes realizaron las verificaciones sobre el terreno y documentaron las condiciones en que se desarrollaban las labores.
La actuación del Ministerio Público se fundamenta en la protección especial que corresponde al Parque Ecológico Rivera del Río Jaya, un espacio cuya preservación está respaldada tanto por la Constitución de la República como por la Ley 64-00.
La paralización busca impedir que continúen las intervenciones realizadas fuera del marco de las regulaciones ambientales y preservar el área ribereña hasta que las autoridades determinen las responsabilidades correspondientes.
