SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DUARTE.- El cauce del río Yabija, en el distrito municipal de Jaya, fue restablecido luego de que las autoridades retiraran por completo una represa construida sin autorización ambiental y desmontaran las estructuras que ocupaban parte del afluente.
La intervención permitió liberar nuevamente el paso del agua y se realizó en cumplimiento de una sentencia penal que ordenó demoler las obras y retirar la compuerta instalada dentro del río y su área de protección.
El expediente judicial establece que las estructuras habían sido levantadas sin contar con autorización ambiental y que parte de los trabajos se desarrolló dentro del cauce y de la franja de protección de 30 metros. La documentación también señala que las labores continuaron pese a una orden previa de paralización.
La decisión corresponde a la Sentencia Penal núm. 136-2023-SSEN-00010, emitida por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, luego de un proceso promovido por la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
Para ejecutar el fallo, técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales trabajaron junto al Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) y la Procuraduría Especializada. El operativo tuvo como objetivo materializar la disposición judicial y eliminar las construcciones que modificaban las condiciones naturales del río.
La recuperación del cauce adquiere especial relevancia porque las intervenciones realizadas dentro de los ríos pueden modificar el flujo natural del agua y afectar las condiciones de los ecosistemas asociados a estos cuerpos de agua. En este caso, el retiro de las estructuras busca devolver al afluente el espacio ocupado por la obra.
El ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, presentó la actuación como parte de una política de aplicación efectiva de las normas ambientales. Sostuvo que la protección de los recursos hídricos también está relacionada con la seguridad de las comunidades y con la preservación del patrimonio natural.
El operativo se produce además bajo el marco del Decreto 615-26, que declaró de prioridad estratégica para la seguridad nacional la protección de los recursos naturales y de las infraestructuras ecológicas estratégicas del país. La disposición procura fortalecer la capacidad estatal para prevenir, investigar y responder ante amenazas ambientales.
Más allá de la demolición de una estructura específica, el caso muestra cómo una infracción ambiental puede terminar en un proceso judicial y posteriormente en una intervención física para revertir la alteración producida sobre un recurso natural.
Medio Ambiente informó que continuará ejecutando las medidas administrativas y judiciales correspondientes en otros casos de intervenciones ilegales, con énfasis en la recuperación de ecosistemas y la protección de ríos, cuencas y demás recursos naturales del territorio dominicano.
