La disputa por la Presidencia de Perú entró en su fase definitiva luego de que los resultados oficiales del escrutinio colocaran a Keiko Fujimori con una ventaja que matemáticamente resulta difícil de revertir. Con más del 99 % de las actas procesadas, la candidata conservadora logró ampliar la distancia sobre su rival, Roberto Sánchez, en una de las contiendas más ajustadas de los últimos años en el país sudamericano.
El avance del conteo otorgó a Fujimori el 50,11 % de los votos válidos frente al 49,88 % alcanzado por Sánchez. La diferencia entre ambos candidatos llegó a 42.097 sufragios, una cifra superior a la cantidad estimada de votos que permanecían pendientes de contabilización al cierre de la jornada.
A pesar de la tendencia reflejada por los resultados oficiales, el proceso electoral continuó marcado por la controversia. Sánchez cuestionó el desarrollo del escrutinio y denunció la existencia de presuntas irregularidades, aunque hasta el momento no presentó evidencias públicas que respalden sus afirmaciones. Entre sus reclamos figura la solicitud de anular la votación emitida por ciudadanos peruanos residentes en el extranjero.
La ajustada competencia electoral mantuvo la atención nacional durante varios días debido a la escasa diferencia entre los aspirantes. Sin embargo, la reducción progresiva del número de actas pendientes terminó favoreciendo a Fujimori, cuya ventaja se volvió cada vez más sólida conforme avanzaba el conteo oficial.
Según los datos electorales disponibles, restaban por revisarse 191 actas, equivalentes al 0,20 % de las 92.766 mesas habilitadas para la segunda vuelta presidencial celebrada el 7 de junio. Tomando en cuenta que cada acta contiene en promedio alrededor de 200 votos para los candidatos, el volumen pendiente resultaba insuficiente para modificar el liderazgo alcanzado por la candidata derechista.
El desenlace del proceso representa un momento de gran relevancia para la política peruana, no solo por la estrechez de los resultados, sino también por las tensiones surgidas en torno a la legitimidad del escrutinio. Mientras concluye la contabilización de los últimos votos, la atención se concentra en los pasos institucionales que formalizarán la proclamación de la próxima jefatura del Estado.
