El cantante español Julio Iglesias volvió a solicitar formalmente a la Fiscalía que le sea entregada copia íntegra de la denuncia presentada en su contra por dos exempleadas, con el objetivo de determinar si pudiera haberse cometido un posible delito de denuncia falsa. A través de su equipo legal, el artista reclamó su derecho a conocer el contenido completo de las diligencias, pese a que el Ministerio Público decidió archivar el caso por falta de competencia jurisdiccional, al tratarse de hechos que habrían ocurrido fuera de territorio español.
La defensa de Iglesias criticó que, aun sin jurisdicción, la Fiscalía haya otorgado a las denunciantes la condición de testigos protegidos, lo que —según sostiene— limita su derecho a la defensa y al acceso a la información. También alegó que esta medida resulta contradictoria, ya que las acusaciones han sido difundidas ampliamente en medios internacionales, afectando de forma directa su honor y reputación personal.
Las denuncias hacen referencia a presuntas agresiones sexuales, maltratos y humillaciones que habrían ocurrido en residencias del artista en Punta Cana, República Dominicana, y en Bahamas. Dos antiguas trabajadoras aseguran haber vivido situaciones de abuso dentro de un ambiente de control y jerarquía laboral, mientras que la defensa del cantante niega los señalamientos y sostiene que es imprescindible conocer el contenido formal de la denuncia para ejercer plenamente sus derechos legales.
