Continúan las interrogantes sobre el manejo de los videos clave en la investigación por la muerte de Stephora Anne-Mircie Joseph, ocurrida el 14 de noviembre en la hacienda Los Caballos. Según el acta de entrega voluntaria, un DVR con 22 canales fue entregado a autoridades horas antes del levantamiento del cuerpo, pero solo se extrajeron tres videos. La familia denunció que, de esos tres, solo dos les fueron entregados y que el tercero “desapareció”, mientras señalan a la fiscal Cristina Ramírez por presuntas negligencias en la recepción de la denuncia y en el manejo inicial de la evidencia.
El Ministerio Público informó que no comparte la decisión del tribunal que impuso presentación periódica y una garantía económica a tres empleadas del colegio Leonardo Da Vinci, de donde era estudiante la menor, y dejó en libertad pura y simple a una cuarta imputada. La magistrada Olga Diná Llaverías adelantó que la institución presentará un recurso de apelación, insistiendo en que se busca una sanción contundente por homicidio involuntario y negligencia.
Los abogados de la familia también rechazaron la decisión judicial, afirmando que los verdaderos responsables no fueron incluidos en la solicitud de coerción. Cuestionaron además que el DVR fuera devuelto a la hacienda días antes de que concluyera la investigación, situación que alimenta dudas sobre la cadena de custodia. La familia reitera su exigencia de transparencia en un expediente donde ya se han señalado situaciones similares en casos previos que involucran a la misma fiscal mencionada.
