La aprobación en el Senado de la República Dominicana del proyecto de ley que instituye un nuevo Código Penal constituye un hito jurídico en un país que ha operado durante más de un siglo con una normativa decimonónica, claramente desfasada frente a las transformaciones sociales y las nuevas modalidades delictivas. Sin embargo, lejos de representar un consenso nacional fruto del diálogo plural, este instrumento legislativo encierra omisiones deliberadas y sesgos ideológicos que comprometen su legitimidad constitucional y su eficacia como política criminal. Así lo ha advertido el jurista Carlos Salcedo, quien ha sostenido que “el país necesita un Código Penal moderno, pero no uno que excluya deliberadamente los derechos de sectores vulnerables o reproduzca estructuras de impunidad institucional”.
En términos sustantivos, el proyecto presenta avances relevantes. Se tipifican figuras delictivas inexistentes en la legislación penal vigente, como el feminicidio, el sicariato, los crímenes de odio, el acoso laboral y el acoso sexual, así como la corrupción administrativa agravada. Estas disposiciones responden a reclamos sociales sostenidos y colocan al país en una senda de adecuación normativa respecto al contexto regional y global. También se introducen novedades en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, aunque aún de forma limitada y sin una arquitectura institucional suficientemente robusta.
No obstante, la exclusión expresa de la despenalización del aborto en las tres causales -riesgo para la vida de la mujer, inviabilidad fetal y embarazo producto de violación o incesto- constituye, como ha reiterado Salcedo, “una claudicación frente al conservadurismo dogmático que lesiona derechos fundamentales de las mujeres y compromete la coherencia constitucional del ordenamiento jurídico”. Esta exclusión contradice principios consagrados como la dignidad humana, la igualdad y el derecho a la salud, y coloca a la República Dominicana en desacato frente a sus compromisos internacionales.
Desde una perspectiva de política criminal, Salcedo ha advertido sobre la peligrosa continuidad de un modelo penal predominantemente punitivo, sin una estrategia integral de prevención ni de rehabilitación. “El Código sigue viendo la cárcel como único destino del conflicto penal, sin plantearse la función resocializadora del Estado”, ha declarado. La experiencia comparada y los estudios criminológicos demuestran que el encarcelamiento masivo no reduce la criminalidad estructural y, en cambio, tiende a agravar la exclusión y la reincidencia.
Otro aspecto sensible, señalado también por Salcedo, es la falta de una normativa clara y firme sobre la responsabilidad penal de agentes estatales, en especial en casos de uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales o corrupción sistémica. Un Código Penal moderno debe establecer con precisión los límites del poder coercitivo del Estado y garantizar el control judicial sobre sus abusos.
Finalmente, el jurista ha criticado con firmeza el procedimiento legislativo adoptado, al considerar que “se ha legislado de espaldas a la ciudadanía, sin vistas públicas reales ni una discusión técnica abierta y plural”. La Cámara de Diputados tiene ahora la responsabilidad histórica de corregir estas deficiencias, abrir el debate democrático y adoptar un Código Penal que sea técnica y constitucionalmente sólido.
La República Dominicana no necesita un Código Penal que maquille la modernización con concesiones ideológicas. Necesita una legislación penal coherente con el Estado social y democrático de derecho, respetuosa de los derechos humanos y orientada a la justicia, no a la exclusión ni al castigo irracional.
