El Gobierno de Estados Unidos anunció restricciones de visado contra ejecutivos y altos funcionarios de una empresa de transporte con sede en México, a quienes acusa de facilitar el traslado de migrantes —incluyendo menores— desde el Caribe y otras regiones hacia puntos de tránsito en Centroamérica. Según las autoridades estadounidenses, muchos de estos viajeros fueron posteriormente interceptados intentando ingresar de manera irregular a territorio norteamericano.
La medida busca impedir la entrada de los señalados a Estados Unidos, en respuesta a lo que Washington describe como servicios de viaje diseñados específicamente para personas que pretendían cruzar la frontera de forma ilegal. Las autoridades recalcaron que no tolerarán acciones que consideren una amenaza a su seguridad nacional ni a su sistema migratorio, advirtiendo consecuencias para quienes se beneficien del tráfico de personas.
El anuncio se produce en un contexto de tensiones por el flujo migratorio y el tráfico de fentanilo. Aunque el gobierno estadounidense ha reconocido la cooperación de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum —quien ha reforzado la seguridad en la frontera con miles de agentes—, también señaló que aún quedan esfuerzos pendientes para frenar estas actividades ilícitas.
