Algunos opinan que en la República Dominicana es imprescindible aumentar la inversión en el sistema educativo. Consideran que el 4 % del PIB que el Estado invierte es insuficiente y que se necesita, al menos, un 8 %, o tal vez un poco más, como ocurre en los países desarrollados, que destinan hasta un 10 % o más de su presupuesto anual a la educación.
Cuando le preguntaron al primer ministro de Finlandia —país con aproximadamente seis millones de habitantes— a qué se debía su alto nivel de crecimiento económico y humano, respondió: a tres factores: educación, educación y más educación. Ahí está la clave. Aunque es bueno señalar que en ese pequeño país europeo el analfabetismo no existe, cerca del 10 % de su población es considerada “analfabeta funcional”, debido a deficiencias en la lectura y escritura. (Agreguemos el “analfabetismo digital”, un problema universal dado el crecimiento exponencial de la ciencia y la tecnología.)
Finlandia también es uno de los países con mayor nivel de transparencia y menor índice de corrupción del mundo, ocupando un lugar privilegiado en los rankings de percepción ciudadana sobre este tema.
En otros países de Europa y Asia, la educación también ocupa un lugar destacado. Sus gobiernos invierten grandes sumas del presupuesto nacional, como es el caso de China —incluyendo Taiwán, Hong Kong y Singapur—, Vietnam y Corea del Sur. En Europa destacan Suiza, Noruega, Irlanda, Islandia, Dinamarca y Luxemburgo, entre otros. En todos ellos, la educación ha sido clave para lograr un alto índice de desarrollo humano. En Alemania, por ejemplo, no hay analfabetismo desde los siglos XVII o XVIII. Lo mismo ocurre en países como los Países Bajos, donde incluso han cerrado cárceles por el bajo nivel de criminalidad.
Es una verdad irrefutable que, en esos países de cultura milenaria, la inversión en educación y salud ha sido esencial para su desarrollo. Pero también lo es que todos ellos cuentan con un riguroso régimen de consecuencias para quienes violan la Constitución y las leyes. En China, por ejemplo, la corrupción se castiga con la pena de muerte: más de tres mil personas son ejecutadas cada año. En Singapur ocurre algo similar: la corrupcion es castigada sin contemplaciones.
En la República Dominicana no existe un régimen de consecuencias, a pesar de estar contemplado en la Constitución y en sus leyes adjetivas. Lo que las leyes prohíben, en la práctica se permite o se pasa por alto. Basta con una llamada telefónica para anular cualquier sanción. La corrupción, como he dicho muchas veces, es un mal endémico: forma parte de una cultura. El dinero del pueblo no le duele a nadie. Es muy difícil que un político corrupto sea encarcelado. La justicia protege a los delincuentes de cuello blanco, a los políticos corruptos. Los premiamos con cargos diplomáticos, diputaciones, senadurías, ministerios o direcciones generales. Rara vez terminan en la cárcel. ¡No hay consecuencias!
Si bien los niveles de prevaricación, desfalco y asociación de malhechores han disminuido notablemente durante el gobierno del presidente Luis Abinader, las malas prácticas persisten. La corrupción continúa, en mayor o menor medida, pero no se ha erradicado.
¡A los dominicanos les falta educación! Sí, es cierto. Pero basta con que lleguen a cualquier aeropuerto de Estados Unidos, Europa, México o Colombia, para que se “eduquen” de inmediato. ¿Por qué? Porque en esos países existe un régimen de consecuencias. Si usted viola la ley, tiene que pagar. Si irrespeta las normas de tránsito, se pasa una luz roja o entra en vía contraria, debe asumir las consecuencias. Las multas deben pagarse obligatoriamente; de lo contrario, no puede renovar el seguro ni la placa del vehículo.
Todos los ciudadanos, sin importar su condición social, deben pagar por los delitos y crímenes que cometan. (“Sin injusticia ni privilegio”, como decía el doctor Balaguer, presidente que admitía la corrupción, pero nunca la persiguió ni la enfrentó.)
¡En este país hay que dar ejemplos! La gente debe temer las consecuencias de sus actos. Como nación hemos avanzado, no hay duda, pero aún nos falta mucho por recorrer en materia de cumplimiento de leyes, normas y protocolos. La impunidad no puede ser la norma ni la excepción. Este país necesita ser educado y disciplinado a como dé lugar. La democracia también exige deberes. Y la mejor manera de lograrlo es imponiendo un verdadero régimen de consecuencias.
