Salud

Denuncian escasa aplicación de Ley sobre Autismo a tres años de su promulgación

La Mesa de Diálogo por el Autismo denunció que, al cumplirse tres años de la promulgación de la Ley 34-23 sobre Atención, Inclusión y Protección de las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), persisten importantes retrasos en su implementación.

La organización señaló que, aunque la normativa fue promulgada el 5 de junio de 2023, aspectos fundamentales continúan sin ejecutarse, afectando a miles de familias dominicanas.

Entre las principales deficiencias identificadas figuran la falta de una asignación presupuestaria específica, la ausencia de un registro nacional actualizado de personas con autismo, la escasa formación de profesionales especializados y la inexistencia de una red nacional de servicios que garantice atención integral.

La entidad indicó que muchas familias continúan enfrentando elevados costos para acceder a diagnósticos, terapias, consultas médicas y servicios de apoyo, lo que limita el acceso a tratamientos adecuados.

Asimismo, destacó que el programa SeNaSa InTEgrA ha representado un avance para algunas familias, aunque considera que su cobertura sigue siendo limitada y no sustituye las responsabilidades contempladas en la Ley 34-23.

La Mesa recordó que la legislación asigna responsabilidades a diversas instituciones públicas, incluyendo el CONADIS, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, INAIPI, CONANI, CAID y entidades del Sistema Dominicano de Seguridad Social.

También expresó preocupación por la ralentización en la expansión de nuevas sedes del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), cuya demanda supera actualmente la capacidad de atención disponible.

Otro de los desafíos señalados es la escasez de especialistas en el país. La organización afirmó que República Dominicana cuenta con apenas 19 psiquiatras infantiles para atender a miles de niños y adolescentes que requieren servicios especializados.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para acelerar la ejecución efectiva de la ley y garantizar que los derechos de las personas con autismo no dependan exclusivamente del esfuerzo económico y emocional de sus familias.

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