Me lo pregunté antes, y me lo pregunto ahora, si era necesario crear un Tribunal Constitucional cuyas decisiones son inapelables y definitivas, de cumplimiento obligatorio, si no le estábamos dando demasiado poder a 13 ciudadanos que no fueron elegidos por el voto popular, sino por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por nueve años, más tiempo que el propio órgano que los escoge, presidente de la República, senadores y diputados que tienen un mandato de apenas cuatro años.
En términos llanos, esos 13 ciudadanos se convierten en “Ley, Batuta y Constitución”, pues no hay otras instancias. Sus decisiones son definitivas e inapelables, lo dice la Carta Magna: “Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Gozará de autonomía y administrativa y presupuestaria”. (En pocas palabras, creamos un monstruo político judicial que, sin ser elegidos por el pueblo, se coloca por encima del pueblo mismo)
Cómo debemos saber, los integrantes del Tribunal Constitucional no están por encima de los intereses políticos, económicos y sociales de grupos económicos y políticos determinados. Responden a intereses específicos. No son “apolíticos” ni “independientes”, porque esa categoría social no existe ni ha existido nunca, según aprendimos desde los tiempos aristotélicos.
Hoy estamos ante un problema bastante serio, que atenta contra los partidos políticos y contra la democracia. Estamos a las puertas del caos y el desorden del sistema de partidos con las candidaturas independientes aprobadas por el Tribunal Constitucional, que, en su decisión, se coloca por encima de la propia Constitución que debe proteger y defender. Para instituir las candidaturas independientes, aboliendo de paso las funciones de los partidos, debería producirse una modificación de la Constitución, modificar la ley Electoral, la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, la Ley de partidos y movimientos sociales, etc.
Los partidos están constitucionalizados. Y dice: Artículo 216: “La organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre, con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución. Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto y la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley. En ninguna parte del texto constitucional habla de las candidaturas independientes, porque es un llamado al desorden, al caos, al fin de los partidos y de la democracia misma.
Si el proyecto de ley emanado del Congreso el Tribunal Constitucional lo consideraba inconstitucional debió devolverlo a las cámaras para su corrección, porque hasta ahí llegan sus atribuciones, no la de crear nuevas leyes, ni la de imponérsele al poder legislativo, que es, en la propia Constitución, el primer poder del Estado.
Me pregunto, ¿qué es lo que buscamos, fortalecer y preservar la democracia o destruirla? ¿Debilitar el orden institucional y constitucional, garantizando la gobernabilidad y la paz social o crear un clima de inseguridad y anarquía en todo el territorio nacional?
Dicen la buena o las malas lenguas que las candidaturas independientes buscan crearle un problema mayúsculo al Partido Revolucionario Moderno (PRM) donde las ambiciones se han desbordado con la aparición de 15 o 20 candidatos. Dicen esas mismas lenguas, que más de un precandidato presidencial del PRM o de cualquier otro partido, si pierde la convención interna, se presentaría como candidato independiente, dividiendo el PRM y quitándole la posibilidad de mantenerse en el poder.
No sé porqué el proyecto de candidaturas independientes me recuerda el cuestionado y rechazado proyecto de Ley de Lemas que permitía a los partidos presentar más de un candidato al mismo cargo y luego sumarlos….
Digamos que no sea cierto, ¿a cuántos puede subir el número de candidatos independientes a cargos electivos? ¿A diez mil? ¿A 20 mil? ¿Cómo sería el financiamiento? ¿La boleta electoral tendría el tamaño de una sábana de arroparse y dormir?
Me imagino la cantidad de narcotraficantes, “riferos”, “banqueros”, “influencer” analfabetos, con miles o millones de seguidores en las redes sociales, presentándose como candidatos independientes. ¡Una locura!
La JCE no tendría la capacidad para manejar ese escenario político electoral.
Creo, eso sí, que los partidos tienen que someterse al orden, recuperar la confianza de la ciudadanía. La “clase política” del país está muy desacreditada; la imagen de los líderes políticos se ha degradado. Los partidos no son parte de la solución, son parte del problema. En los partidos tiene que producirse una profilaxis; sacar de sus filas a la gente del bajo mundo, no permitirle su afiliación. Debe haber, en las organizaciones políticas, un cedazo. Es verdad que todos los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser, no elegidos, sino “elegibles”. Usted puede tener derecho a elegir, pero no tiene la posibilidad de ser “elegible”.
