La democracia representativa existe en los países donde se organizan elecciones libres, plurales y transparentes, en las que el pueblo acude a las urnas para elegir a las autoridades que lo gobernarán durante dos, cuatro, cinco o seis años, dependiendo de lo que establezca la Constitución Política, instrumento jurídico que contiene las normas que sirven para organizar una sociedad.
Es así como elegimos al presidente, al vicepresidente, a los senadores, diputados, alcaldes y concejales. Todos ellos reciben un mandato del pueblo. Los funcionarios, ministros, gobernadores, directores generales, etc., son designados por el Poder Ejecutivo, es decir, por el presidente de la República.
El Congreso, dividido en dos cámaras —la Cámara de Diputados y el Senado de la República—, constituye el primer poder del Estado, aunque no funcione como tal. Luego le siguen el Poder Ejecutivo, que en la práctica se convierte en el primer poder del Estado, y el Poder Judicial, que, aunque constitucionalmente es independiente, en la práctica depende del Ejecutivo.
Se supone que los tres poderes del Estado son independientes entre sí. Esto es así en teoría, porque, en la práctica, el Ejecutivo funciona como el primer poder del Estado, al ser el jefe de la Administración Pública y tener la facultad de designar a los ministros, viceministros, integrantes del personal diplomático y jefes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, entre otros. Estas últimas constituyen poderes fácticos, como también lo son las iglesias y la prensa, denominada el cuarto poder del Estado.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) gobernó el país durante 20 años, período en el cual modificó la Constitución Política y transformó al Estado en su composición política. Por razones que no corresponde analizar en esta ocasión, hizo lo que consideró correcto, aunque no lo fuera, porque durante esos 20 años la corrupción administrativa impidió el desarrollo y el fortalecimiento del Estado como estructura orgánica, ética y moral. El PLD cargó con lo bueno y con lo malo de sus 20 años de gobierno, durante los cuales, repito, la corrupción fue el eje fundamental. Sus dirigentes “entraron al gobierno en chancletas y salieron en yipetas”, dijo el pueblo.
El Partido Revolucionario Moderno (PRM), un desprendimiento del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), ganó las elecciones de 2020 en medio de la pandemia de la COVID-19, que hizo estragos en todo el mundo, de una guerra y de un Estado quebrado por el saqueo del PLD. Había que actuar con prontitud y responsabilidad para sacar al país del hoyo en que lo dejaron las administraciones del PLD durante 20 largos años. La hazaña le correspondió al recién electo presidente Luis Abinader. ¡Y lo hizo! La gente parece haberlo olvidado, pero Luis Abinader sacó al país de la crisis ética y moral en que lo dejó el PLD.
Gracias a esa labor, el pueblo reeligió al presidente Luis Abinader y al PRM con un 57 % de los votos, otorgándoles mayoría en el Congreso y en las alcaldías para que continuaran transformando el país y conduciéndolo hacia el desarrollo.
Esto significa que el presidente Abinader y el PRM tienen una misión histórica que cumplir: continuar adecentando y desarrollando el país mediante las transformaciones que demandan las circunstancias.
El presidente Abinader y el PRM no pueden dejarse chantajear ni extorsionar por grupos minoritarios anclados en determinadas plataformas digitales y redes sociales, muchas de las cuales están siendo manejadas subrepticiamente por grupos políticos y económicos de la oposición.
El Código Penal, de origen napoleónico, debió ser modificado hace años. El PLD no lo hizo. El PRM debe hacerlo. La sociedad lo demanda con urgencia.
El destacado jurista constitucionalista Olivo Andrés Rodríguez Huertas, quien ha participado en la elaboración y corrección de importantes proyectos de ley, dijo en el programa “Nosotros a las 8”, que conduzco junto al destacado comunicador George Rodríguez: “Estamos ante un Código moderno, revolucionario, que coloca al país en el siglo XXI y que debe ser aprobado y promulgado lo antes posible”.
Siendo así, y creo que así es, considero que las cámaras legislativas tienen el deber de aprobar el Código en la fecha establecida y que este sea promulgado por el presidente Abinader, sin ceder a las presiones de pequeños grupos atrincherados en plataformas digitales y redes sociales, donde todo el que tiene un teléfono móvil se considera “experto” en béisbol, política y economía.
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D.: Como dije recientemente: presidente Abinader, gobierne contra viento y marea, si es necesario, en favor del pueblo dominicano. Usted tiene una misión histórica que cumplir. No se deje presionar, chantajear ni extorsionar por grupúsculos de la oposición atrincherados en las redes sociales. Esos grupos fueron los mismos que dejaron al país en un pantano ético y moral, de aguas negras. ¡No lo olvide!
