SANTO DOMINGO.- La investigación sobre el presunto fraude al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) llegó a una nueva etapa judicial con 25 personas imputadas, entre ellas médicos, exempleados de la aseguradora estatal y otros vinculados al sector salud, para quienes el Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva.
La solicitud fue depositada este sábado ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, junto con un pedido para que el expediente sea declarado de tramitación compleja. El documento presentado por los fiscales tiene unas 525 páginas y atribuye a los procesados una participación en maniobras que, según la acusación, habrían provocado la sustracción de más de RD$40 millones en esta línea específica de investigación.
La nueva fase corresponde a la Operación Cobra 2.0-A, ejecutada el viernes mediante 37 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega. En los operativos participaron 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y 16 integrantes de la Unidad de Investigaciones Criminales, con participación del Ministerio Público y apoyo del DNI.
Entre los 25 sometidos figuran Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez. El expediente también incluye a un grupo de médicos, entre ellos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero y Laura Altagracia Santana Evangelista.
La lista incorpora además a Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo, entre otros profesionales incluidos en la solicitud.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Pepca, explicó que esta fase forma parte de las distintas líneas de investigación abiertas a partir del caso Cobra. Según la funcionaria, el expediente presentado constituye una nueva línea vinculada con fondos que, de acuerdo con la investigación, fueron sustraídos de la ARS estatal.
El Ministerio Público sostiene que los nuevos imputados habrían actuado en complicidad con empleados de SeNaSa para ejecutar las maniobras investigadas. La acusación plantea posibles delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
La solicitud de tramitación compleja se fundamenta, según el órgano acusador, en la cantidad de hechos investigados, víctimas y personas que podrían estar involucradas, además de la naturaleza organizada que atribuye a las actuaciones bajo investigación. La fiscalía también advirtió que el expediente podría ampliarse conforme avance la investigación.
El nuevo sometimiento se suma al proceso iniciado con la primera Operación Cobra, que llevó a la detención y judicialización del exdirector de SeNaSa Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y otros antiguos funcionarios, empresarios y particulares. El Ministerio Público sostiene que aquella estructura utilizó mecanismos administrativos y financieros para desviar recursos de la aseguradora pública.
La investigación también ha incorporado la Operación Onco14, ejecutada en junio contra personas vinculadas al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y al Instituto Oncológico Regional del Cibao. Según la acusación, esa pesquisa identificó otras maniobras que habrían afectado recursos relacionados con SeNaSa y servicios destinados a pacientes con cáncer.
Con Cobra 2.0-A, el expediente deja de concentrarse únicamente en los antiguos funcionarios de la aseguradora y alcanza a prestadores de servicios médicos y otras personas relacionadas con el sistema de salud. La eventual responsabilidad de cada imputado deberá ser determinada por los tribunales a partir de las pruebas que presente el Ministerio Público y los argumentos de las respectivas defensas.
El tribunal deberá ahora fijar la audiencia para conocer las medidas de coerción solicitadas contra los 25 imputados, mientras la investigación continúa abierta y la Fiscalía mantiene la posibilidad de incorporar nuevos involucrados conforme avance el análisis de las evidencias.
