SANTO DOMINGO.- Cientos de preservativos y lubricantes, registros de servicios sexuales, facturas, teléfonos celulares, cámaras de seguridad, dinero en efectivo y documentos personales fueron ocupados durante un allanamiento realizado en un inmueble de San Carlos, donde las autoridades investigaban una presunta estructura dedicada a la explotación sexual de adultos y personas que serían menores de edad.
Por el caso, el Ministerio Público solicitó tres meses de prisión preventiva contra Henry Tomás Castillo Peña, de 57 años, conocido como “Juan” o “el Patrón”, y Brailyn López del Rosario, de 20, alias “Brayan”. Ambos fueron arrestados mediante órdenes judiciales y son investigados por presunto proxenetismo agravado, lavado de activos y delitos de alta tecnología.
La investigación había llegado hasta el inmueble de la calle Emilio Prud’Homme a partir de información obtenida en Estados Unidos. El expediente se originó después de una actuación de autoridades estadounidenses contra Castillo Peña en noviembre de 2025, cuando arribó al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York.
Durante aquella intervención, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), adscritos a Homeland Security Investigations (HSI), inspeccionaron el teléfono Samsung Galaxy S25 Ultra que el ahora imputado entregó voluntariamente. Las autoridades estadounidenses habrían encontrado en WhatsApp material de abuso sexual infantil y una conversación relacionada con la solicitud de servicios sexuales de una persona que aparentaba ser menor de edad.
En esa comunicación apareció la dirección del inmueble de San Carlos que posteriormente fue objeto de investigación en República Dominicana. Los documentos y elementos obtenidos en Estados Unidos fueron remitidos a las autoridades dominicanas mediante el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua (MLAT), mecanismo utilizado para la cooperación judicial entre ambos países.
Con esos elementos como punto de partida, la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT) y la Fiscalía del Distrito Nacional desarrollaron las pesquisas que condujeron al allanamiento ejecutado el 9 de septiembre de 2026.
Al entrar al inmueble, agentes del Ministerio Público y de la Policía Nacional encontraron a varias personas que, de acuerdo con la investigación, eran víctimas de explotación sexual atribuida a Castillo Peña. López del Rosario se encontraba en el lugar al momento de la intervención y fue arrestado.
Entre las evidencias ocupadas también figuraron cuadernos con anotaciones sobre los servicios ofrecidos y los pagos recibidos, además de teléfonos, dispositivos de vigilancia, títulos de propiedad, pasaportes y dinero en efectivo. Para los investigadores, estos elementos forman parte de las evidencias que deberán ser evaluadas dentro del proceso judicial.
La acusación sostiene que los imputados utilizaban redes sociales para distribuir material pornográfico y promocionar los servicios sexuales de las víctimas, mientras los pagos eran recibidos mediante cuentas bancarias y en efectivo. La investigación también procura determinar el alcance de las actividades y la identidad y condición de las personas involucradas.
El caso es investigado por la PETT junto a la Fiscalía del Distrito Nacional, con participación de unidades especializadas de la Policía Nacional y organismos vinculados a la lucha contra el crimen organizado. También intervienen equipos de protección de víctimas y testigos del Ministerio Público.
La dimensión internacional de las pesquisas incorpora además la colaboración de Homeland Security Investigations (HSI), cuyos hallazgos iniciales fueron trasladados a las autoridades dominicanas mediante los mecanismos de asistencia jurídica entre ambos países.
La audiencia para conocer la medida de coerción había sido aplazada y quedó fijada para este 15 de septiembre de 2026 ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. Será en ese escenario donde se conocerá la solicitud de prisión preventiva y los elementos presentados por la Fiscalía contra los dos imputados.
