La discusión sobre el alcance constitucional del nuevo Código Penal dominicano volvió a tomar protagonismo luego de que más de 70 especialistas del ámbito jurídico solicitaran al Congreso incorporar las tres causales del aborto dentro de la legislación penal, al considerar que la redacción aprobada presenta posibles contradicciones con derechos fundamentales establecidos en la Constitución.
La propuesta fue entregada a la Comisión Bicameral que estudia modificaciones a la Ley 74-25, encabezada por el diputado Wandy Batista, y plantea cambios específicos en los artículos 110 y 111, relacionados con las disposiciones sobre interrupción del embarazo y aborto forzado.
Entre los firmantes figuran juristas, docentes universitarios, investigadores, abogados litigantes y especialistas en derecho constitucional y penal, quienes sostienen que el texto actual no contempla escenarios excepcionales en los que continuar un embarazo podría afectar gravemente la vida, la salud o la integridad de mujeres, adolescentes y niñas.
El planteamiento busca establecer que la interrupción del embarazo no genere responsabilidad penal cuando exista peligro para la vida o salud de la gestante, cuando el diagnóstico determine que el feto no puede sobrevivir fuera del útero o cuando el embarazo sea producto de una violación sexual, agresión sexual o incesto.
Los especialistas también cuestionaron la formulación del artículo 110, al considerar que su referencia a una excepción contemplada en el artículo 111 crea una contradicción legal que podría generar incertidumbre en la aplicación de la norma. Por ello, recomendaron eliminar la expresión que permite vincular el aborto forzado con dicha excepción, con el argumento de que este delito no debería admitir ningún tipo de justificación.
La argumentación jurídica presentada sostiene que la protección constitucional de la vida prenatal debe analizarse junto a otros derechos reconocidos por la Carta Magna, como la dignidad humana, la igualdad, la salud, la autonomía personal y la integridad física y psicológica.
Los firmantes señalaron que el artículo 37 de la Constitución, que reconoce el derecho a la vida, no establece una protección absoluta que impida al legislador crear excepciones en situaciones consideradas extremas. A su juicio, la regulación propuesta permitiría armonizar la protección del embarazo con obligaciones internacionales asumidas por el Estado dominicano en materia de derechos humanos.
El documento cita además experiencias comparadas en países cuyas constituciones reconocen algún nivel de protección a la vida prenatal, indicando que en la mayoría existen excepciones relacionadas con riesgos para la salud o vida de la mujer, inviabilidad fetal o embarazos derivados de violencia sexual.
La iniciativa fue presentada por Patricia Santana Nina y cuenta con la firma de reconocidos especialistas, entre ellos la exjueza del Tribunal Constitucional Ana Isabel Bonilla Hernández, Cristóbal Rodríguez Gómez, Angélica Noboa Payán, Thiago Marrero Peralta, Carlos Morel, Dilia Leticia Jorge Mera y otros académicos del área jurídica.
La solicitud se incorpora a un proceso de revisión del Código Penal en el que distintos sectores han presentado observaciones sobre varios artículos. El Congreso deberá valorar estas propuestas antes de definir la versión final de una legislación que busca sustituir el actual marco penal dominicano.
