SANTO DOMINGO.- La destrucción deliberada de bosques, cuencas, áreas protegidas y otras zonas consideradas estratégicas para el país será enfrentada desde una nueva perspectiva de seguridad nacional, luego de que el presidente Luis Abinader declarara de alto interés nacional la prevención y persecución de lo que el Gobierno denomina “terrorismo medioambiental”.
La medida busca que los ataques intencionales contra recursos naturales capaces de provocar daños graves, afectar masivamente a la población o generar presión sobre las autoridades no sean abordados únicamente como infracciones ambientales, sino como amenazas que requieren la intervención coordinada de organismos de seguridad, inteligencia, justicia y protección ambiental.
El decreto incluye entre las infraestructuras ecológicas estratégicas las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento, cuencas hidrográficas, acuíferos, reservas de agua subterránea, manglares, humedales, arrecifes coralinos y bosques, además de los sistemas de abastecimiento de agua potable y otros ecosistemas cuya degradación pueda comprometer la seguridad hídrica, alimentaria o ambiental.
La disposición también apunta a actividades criminales que pueden encontrarse detrás de ese tipo de daños, entre ellas la minería ilegal, agricultura dentro de áreas protegidas, tráfico ilícito de recursos naturales, comercio de especies protegidas, incendios forestales provocados y ocupación ilegal de áreas protegidas.
A partir de este nuevo marco, el Comité Nacional Antiterrorista y la Dirección Nacional Antiterrorista deberán incorporar a sus planes la identificación, prevención y neutralización de amenazas relacionadas con este tipo de criminalidad.
Una de las tareas centrales será la elaboración de una Política Nacional para la Prevención y Combate del Terrorismo Medioambiental, responsabilidad que recaerá en los ministerios de Defensa, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Justicia, junto con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
La estrategia deberá contemplar también la identificación de organizaciones criminales dedicadas a actividades depredadoras y el rastreo de posibles mecanismos de financiamiento ilícito. Además, deberá establecer acciones para prevenir incendios provocados y proteger instalaciones relacionadas con el suministro de agua potable, saneamiento y energía.
El decreto encuentra respaldo en las nuevas disposiciones del Código Penal dominicano, que contempla penas de entre 20 y 30 años de prisión, además de multas, para quien provoque voluntariamente incendios en bosques, reservas forestales, nacimientos de ríos, parques nacionales u otras áreas protegidas.
Para el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, el cambio responde a la necesidad de reconocer que la pérdida de determinados recursos naturales puede tener consecuencias que van mucho más allá del daño ecológico. La destrucción de una cuenca, por ejemplo, puede comprometer el abastecimiento de agua y la producción agrícola, mientras que la degradación de bosques puede afectar la disponibilidad de ese recurso.
El nuevo esquema también incorpora a la ciudadanía como fuente de información. Las instituciones deberán habilitar plataformas tecnológicas y canales confidenciales para denunciar actividades que representen amenazas contra los recursos naturales estratégicos, con mecanismos destinados a proteger a denunciantes y colaboradores de buena fe.
En esa dirección, Medio Ambiente desarrolla una plataforma de fiscalización que se encuentra en fase de prueba y que permitirá registrar, georreferenciar y dar seguimiento a las denuncias. El objetivo es reducir los tiempos de respuesta y mantener una trazabilidad de las actuaciones realizadas por las autoridades.
La ejecución del decreto estará acompañada por informes periódicos al presidente sobre riesgos, amenazas, incidentes y resultados. Con ello, el Gobierno busca convertir la protección de los recursos naturales estratégicos en una tarea permanente que combine vigilancia ambiental, inteligencia, persecución penal y actuación de los organismos de seguridad.
El planteamiento central de la nueva política es que recursos como el agua, los bosques y las áreas protegidas sean considerados componentes de la seguridad del Estado, especialmente cuando su destrucción responde a acciones deliberadas y organizadas con fines ilícitos.
