BOGOTÁ.- El Gobierno de Colombia decidió brindar asistencia jurídica a los 17 exmilitares colombianos acusados de participar en el complot que terminó con el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021, en un momento en que el proceso judicial contra ellos se desarrolla en Estados Unidos.
La decisión fue ordenada este martes por el presidente Abelardo de la Espriella, quien instruyó a los ministros de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, y de Justicia, Iván Cancino, para proporcionar respaldo legal a los colombianos. El mandatario también expresó que quiere determinar la responsabilidad individual de cada uno de los acusados.
“No los voy a dejar solos”, afirmó De la Espriella al defender la decisión de acompañarlos durante el proceso y señalar que su Gobierno busca que los hechos sean esclarecidos.
Los 17 exmilitares forman parte del grupo de 30 personas procesadas en Estados Unidos por el magnicidio. El pasado 21 de septiembre fueron trasladados desde Haití a Miami y comparecieron ante un tribunal federal, después de permanecer detenidos en territorio haitiano.
Durante esa primera audiencia, la jueza Lisette Reid asignó abogados de oficio a los acusados y estableció las próximas comparecencias dentro del proceso. El Departamento de Justicia estadounidense confirmó el traslado de 18 acusados desde Haití a Florida y señaló que enfrentan cargos federales relacionados con el asesinato de Moïse.
La acusación federal incluye cargos por conspiración para cometer un asesinato o secuestro fuera de Estados Unidos y conspiración para proporcionar apoyo material con resultado de muerte. De ser declarados culpables, algunos de los delitos pueden conllevar penas de hasta cadena perpetua.
El expediente sostiene que el objetivo de los conspiradores era que Christian Sanon sustituyera a Moïse en la Presidencia de Haití y que posteriormente adjudicara contratos a una empresa ubicada en Doral, Florida, vinculada con varios de los acusados.
La investigación estadounidense también señala que los exmilitares colombianos habrían sido incorporados inicialmente al plan bajo la idea de que participarían en una operación destinada a detener legalmente a Moïse. La acusación sostiene además que los participantes recibieron información sobre un supuesto respaldo de agencias estadounidenses, extremo que forma parte de las alegaciones del caso.
El magnicidio ocurrió el 7 de julio de 2021, cuando Moïse fue asesinado en su residencia de Puerto Príncipe. El crimen profundizó la crisis política y de seguridad de Haití y coincidió con una expansión posterior de las bandas armadas, el deterioro de las condiciones humanitarias y un incremento de la migración haitiana hacia otros países.
En Haití, más de 50 personas han sido acusadas en relación con el asesinato, incluida la viuda del mandatario y los 17 exmilitares colombianos. Sin embargo, el proceso en ese país permanece prácticamente paralizado debido al deterioro de la seguridad.
La decisión de Bogotá abre ahora una nueva etapa para los exmilitares, quienes deberán responder ante la justicia estadounidense mientras el Gobierno colombiano sostiene que el proceso debe permitir establecer de manera individual qué participación tuvo cada acusado en el magnicidio.
