Ni siquiera los más entusiastas propulsores de la transformación de la Policía se ilusionaban con la posibilidad de que un proyecto tan peliagudo podía implementarse en el menor tiempo posible. Porque esa reforma supone dar al traste con una cultura de impunidad y abusos, a la que en los últimos tiempos se han agregado privilegios que han prevalecido casi desde su fundación. Si bien hay que reconocer algunos cambios, gracias en gran medida al empoderamiento de la opinión pública y la determinación del Gobierno de no amparar, a diferencia del pasado, los crímenes y desafueros de los agentes.
Si existe alguna reserva con la dilatada reforma se debe a lo complejo del proceso. Reducir de más de 50 a 20 el número de generales, especializar y depurar los agentes que intervendrán en el patrullaje; fortalecer los controles internos y consignar la rendición de cuentas son desafíos en torno a los cuales la resistencia no está en sectores externos que pueden ciertamente apostar al fracaso, sino en una enquistada estructura interna que nadie descarta que esté detrás de los desafueros en que incurren los agentes. No pasan por alto, a manera de ejemplo, unas declaraciones del Comisionado para la Reforma de la Policía según las cuales ningún egresado del programa se ha visto envuelto en crímenes ni atropellos.
Es posible que se requiera de más presión para agilizar la reforma. Pero cuando la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, llama a respaldar la transformación del cuerpo y no apostar al fracaso deja la impresión de que el impasse está más afuera que adentro, cuando las evidencias sugieren que es todo lo contrario. La verdad es que las autoridades tienen que hacer más para descalabrar una estructura que ejerce, al menos en apariencia, grandes controles sobre los servicios para garantizar la seguridad y el orden.
Esa estructura que frena la reforma de la Policía es tan recalcitrante, que todavía en medio de la indignación por violaciones y abusos, retiene en prisión a ciudadanos por más de las 48 horas que establece la Constitución. Si como muestra hace falta un botón ahí están los casos denunciados por la Oficina Nacional de Defensa Pública en los destacamentos de Vietnam y el ensanche Felicidad, en Los Mina.
Como ministra de Interior y Policía, a Faride Raful hay que reconocerle importantes acciones para adecentar el cuerpo. Además de no amparar los abusos ha tenido el coraje de detectar y actuar sobre escándalos de corrupción que hoy se ventilan en los tribunales. Incluso ha impulsado buenos programas para consolidar la convivencia y la seguridad ciudadana. Pero también hay que recordarle que el principal obstáculo a la reforma policial no está fuera, sino dentro del mismo cuerpo del orden.
