A partir de septiembre de 2026, los estudiantes de bachillerato en Francia deberán adaptarse a una nueva realidad en las aulas: el uso de teléfonos móviles quedará prohibido como parte de una estrategia nacional orientada a disminuir la exposición de los adolescentes a las redes sociales y a los contenidos digitales que captan su atención de forma constante.
La medida quedó oficialmente aprobada tras recibir el respaldo definitivo de la Asamblea Nacional, donde obtuvo 279 votos a favor y 81 en contra, luego de haber sido avalada previamente por el Senado. Con ello, el Gobierno francés consolida una de las iniciativas más ambiciosas de Europa para enfrentar el creciente debate sobre los efectos del entorno digital en la salud mental de los jóvenes.
La decisión responde a la preocupación por el consumo intensivo de videos, imágenes y plataformas sociales entre la población estudiantil. Las autoridades consideran que limitar el acceso a los dispositivos durante la jornada escolar contribuirá a mejorar la concentración, favorecer el aprendizaje y reducir la dependencia de las pantallas en edades tempranas.
No obstante, algunos legisladores sostienen que la prohibición representa apenas una parte de la solución. La senadora Catherine Morin-Desailly, integrante del Grupo Unión Centrista, afirmó que la legislación constituye un avance, pero insistió en que el desafío requiere una estrategia mucho más amplia basada en la educación digital tanto de adolescentes como de adultos.
La parlamentaria defendió la necesidad de actuar sobre los mecanismos que, a su juicio, fomentan el uso compulsivo de las plataformas. Entre ellos mencionó el desplazamiento infinito de contenidos, los algoritmos que limitan la diversidad de información y los sistemas diseñados para mantener la atención del usuario durante largos períodos.
Como alternativa de largo plazo, Morin-Desailly propuso que los algoritmos de las redes sociales sean sometidos a procesos de evaluación similares a los que enfrentan los medicamentos antes de llegar al mercado. Bajo el principio conocido como «Safety by Design» (seguridad desde el diseño), estos sistemas deberían demostrar previamente que no representan riesgos para los usuarios, una línea regulatoria que actualmente analiza la Unión Europea dentro de su política sobre servicios digitales.
La senadora advirtió que el impacto de estas tecnologías trasciende el ámbito educativo y alcanza también a las democracias, debido a la influencia que los algoritmos pueden ejercer sobre la información y el comportamiento de millones de personas.
Asimismo, criticó que las grandes plataformas digitales hayan priorizado durante años los beneficios económicos sobre la protección de niños y adolescentes. Recordó que antiguas denuncias realizadas por exempleados del sector tecnológico ya alertaban sobre estos riesgos y sostuvo que los recientes episodios relacionados con campañas de desinformación e injerencias extranjeras evidencian la necesidad de establecer controles más estrictos sobre el funcionamiento de las redes sociales.
