Lo que comenzó como una intervención de rutina para extraer cuatro muelas terminó dejando a una mujer con lesiones permanentes y dando origen a un proceso judicial que ha puesto nuevamente en el centro del debate el ejercicio ilegal de la odontología en República Dominicana. El Ministerio Público sostiene que el procedimiento fue realizado por una persona que no contaba con el exequatur exigido por la ley para ejercer la profesión.
La investigación establece que la paciente acudió el 17 de enero a un consultorio ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia La Vega, donde fue preparada para una cirugía de extracción de terceros molares. El procedimiento habría sido practicado por Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, quien, según las autoridades, ejercía la odontología sin la autorización legal correspondiente, mientras utilizaba el consultorio de su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, propietario del establecimiento.
Durante la intervención, el imputado habría explicado a la paciente que debía cortar el hueso porque sus dientes eran de «titanio». A partir de ese momento, el procedimiento se prolongó durante aproximadamente cuatro horas sin lograr completar la extracción de las piezas dentales. La mujer denunció que experimentó un intenso dolor durante la cirugía y que, pese a manifestarlo, el tratamiento continuó mientras se le informaba que recibiría una nueva anestesia.
Las complicaciones persistieron después de la operación. Ante el aumento del dolor y la inflamación, la paciente buscó atención con otros especialistas, quienes determinaron que presentaba múltiples lesiones en la cavidad bucal. Una certificación médica emitida el 5 de febrero de 2026 documentó secuelas permanentes, entre ellas parestesia mandibular, atrofia de nervios, edema facial, trismo, alveolitis, heridas y dolor facial persistente, lesiones que, según el Ministerio Público, pudieron incluso comprometer su vida.
Como parte de las pesquisas, la Fiscalía obtuvo una certificación del Ministerio de Salud Pública que establece que Franklin José Almánzar Escarramán no posee exequatur para ejercer la odontología. Ambos hermanos fueron arrestados mediante orden judicial tras entregarse voluntariamente a las autoridades y enfrentan acusaciones por presunto ejercicio ilegal de la profesión, complicidad y violaciones al Código Penal, la Ley General de Salud (42-01) y la Ley 63-18, que regula el ejercicio de la odontología. La titular de la Fiscalía de La Vega, Aura Luz García Martínez, informó que solicitará prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones y se fortalece el expediente con las pruebas recopiladas.
