La investigación sobre un presunto esquema de corrupción que habría afectado recursos destinados a la atención de pacientes con cáncer dio un nuevo paso este lunes, luego de que un tribunal de Santiago ordenara 18 meses de prisión preventiva contra dos de los principales imputados y declarara el proceso como un caso complejo.
La decisión fue adoptada por la jueza Stephanie Santiago Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, quien dispuso que Héctor Antonio Lora Cruceta y su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, permanezcan privados de libertad mientras avanza la investigación. Ambos cumplirán la medida de coerción en los centros de corrección y rehabilitación Rafey Hombres y Rafey Mujeres, respectivamente. En tanto, la también imputada Dilcia Isabel Vargas Sánchez deberá permanecer bajo arresto domiciliario.
El expediente, instrumentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), sostiene que los acusados formaban parte de una presunta estructura dedicada al desvío de fondos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), mediante operaciones que también habrían ocasionado perjuicios económicos al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). La titular de la Pepca, Mirna Ortiz, informó que el tribunal acogió en su totalidad la solicitud presentada por el Ministerio Público y adelantó que la investigación continúa abierta, por lo que podrían incorporarse nuevos imputados al proceso.
De acuerdo con las autoridades, la supuesta red habría ejecutado múltiples maniobras fraudulentas, entre ellas la alteración de indicaciones médicas, falsificación de sellos profesionales, doble facturación a SeNaSa, entrega incompleta de medicamentos y comercialización de fármacos donados. La investigación también abarca presuntos delitos relacionados con contrabando utilizando exoneraciones fiscales, tráfico de sustancias controladas, utilización de instalaciones del centro médico para procedimientos estéticos, reembolsos irregulares de viajes y hoteles, sabotaje digital, sustracción de archivos y operaciones de lavado de activos.
El Ministerio Público también atribuye a los imputados la creación de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida, entidad que presuntamente habría servido para desviar recursos y facturar al SeNaSa medicamentos y servicios que, según la acusación, nunca fueron suministrados a pacientes. Asimismo, la investigación señala que los involucrados se habrían asignado salarios, viáticos y otros beneficios económicos incompatibles con el carácter sin fines de lucro de la institución. La denominada Operación Onco14 forma parte de las acciones emprendidas por las autoridades para investigar presuntos actos de corrupción administrativa vinculados a la gestión del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y del Instituto Oncológico Regional del Cibao.
