El Ministerio Público aseguró que la Fundación Tócate RD, Inc. – Casa de Acogida fue utilizada como un mecanismo para canalizar recursos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer hacia fines ajenos a la misión de la institución, según consta en el expediente de la Operación Onco14.
La investigación señala a Héctor Antonio Lora Cruceta y a su esposa, Luisa Yasiris Guzmán de Lora, como responsables de un esquema mediante el cual la fundación recibió transferencias bajo conceptos de donaciones, patrocinios y actividades que, de acuerdo con el órgano acusador, no representaron beneficios para el patronato ni guardaban relación con sus objetivos institucionales.
De acuerdo con el expediente, las transferencias realizadas a favor de la Fundación Tócate RD ascendieron a RD$1,761,635. Entre los desembolsos identificados figuran pagos para actividades de recaudación de fondos, eventos artísticos, trabajos de diseño y rotulación de un autobús, servicios de tapicería y otros gastos operativos.
Las autoridades indicaron que la fundación fue constituida en 2022 por Guzmán de Lora y que, además de recibir recursos del patronato, percibía pagos mensuales fijos que inicialmente eran de RD$18,000 y posteriormente aumentaron a RD$50,000.
La investigación también establece que el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer habría asumido gastos de funcionamiento de la casa de acogida y cubierto pagos de personal vinculado a la fundación, pese a tratarse de una entidad jurídica independiente.
Asimismo, el Ministerio Público sostiene que Luisa Yasiris Guzmán de Lora recibió RD$300,000 por concepto de honorarios como gerente de marketing del patronato. Sin embargo, los investigadores afirman que no encontraron documentos que acreditaran una contratación formal ni evidencias que demostraran la prestación efectiva de esos servicios.
El expediente agrega que la Fundación Tócate RD habría sido utilizada para desplazar a otras organizaciones sin fines de lucro que operaban dentro del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), entre ellas la Fundación Rama Femenina, una situación que, según el órgano acusador, afectó el funcionamiento institucional del patronato y el cumplimiento de sus fines sociales.
Como parte del proceso judicial, el Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva para los principales imputados de la presunta red de corrupción, entre ellos Héctor Antonio Lora Cruceta, su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez y Luisa Yasiris Guzmán de Lora.
