Con la firma del reglamento de aplicación por parte del presidente Luis Abinader quedó en vigencia la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, que prohíbe de manera absoluta a funcionarios y legisladores tener cualquier tipo de participación en empresas que negocien con el Estado. El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, explicó que la normativa elimina la permisividad existente en leyes anteriores y fortalece el régimen de incompatibilidades, abarcando a ministros, directores, senadores, diputados, alcaldes y regidores, sin importar el porcentaje de acciones que posean.
Pimentel señaló que la nueva legislación restablece el régimen de consecuencias, con sanciones administrativas y penales que pueden incluir penas de prisión de entre dos y diez años. Indicó que el objetivo es cerrar las brechas que históricamente permitieron conflictos de intereses y prácticas irregulares en los procesos de compras y contrataciones públicas, garantizando mayor transparencia y equidad en la gestión estatal.
El presidente Abinader afirmó que esta reforma busca establecer normas claras y permanentes, donde las instituciones sean más fuertes que las personas y el interés general esté por encima de cualquier beneficio particular. Destacó que la ley refuerza la planificación, promueve la competencia, fortalece los controles y alinea a la República Dominicana con estándares internacionales de buena gobernanza, haciendo al Estado más eficiente, confiable y previsible.
