El Instituto Oncológico de la Región del Cibao, con sede en Santiago, permanece bajo investigación del Ministerio Público desde el pasado mes de octubre, tras detectarse una serie de presuntas irregularidades administrativas y financieras. Entre los señalamientos figuran la privatización de áreas originalmente compartidas, pagos sin soporte, nepotismo, ausencia de un sistema contable formal, compras de vehículos con fondos institucionales y acumulación de deudas con suplidores, médicos y otros prestadores de servicios.
Las autoridades también clausuraron una oficina que, según las indagatorias, se utilizaba para modificar indicaciones médicas a pacientes asegurados, en su mayoría afiliados al Seguro Nacional de Salud. Estas situaciones habrían provocado retrasos en tratamientos, aplicación de quimioterapias en áreas de emergencia y dificultades en el acceso a medicamentos e insumos esenciales, afectando directamente a pacientes con cáncer. Parte de estos hechos constan en una querella depositada ante la Procuraduría General de la República en noviembre.
Desde la actual dirección médica del centro se ha señalado que las afectaciones a los pacientes estuvieron vinculadas principalmente a deficiencias de la gestión administrativa anterior. Asimismo, se aclaró que la investigación sobre el Instituto Oncológico del Cibao es independiente de otros procesos en curso relacionados con el sistema de aseguramiento en salud, y que las autoridades continúan profundizando las pesquisas para determinar responsabilidades.
