El manejo de las evidencias en la investigación por la muerte de la menor Stephora Anne-Mircie Joseph continúa generando preocupación entre familiares y abogados, luego de que se confirmara que parte del material audiovisual entregado inicialmente al Ministerio Público desapareció durante el proceso.
Según consta en el acta de entrega voluntaria presentada por el Ministerio Público, el 14 de noviembre a las 12:20 p. m., dos horas antes del levantamiento del cadáver, Ramón Domingo Tejada entregó un DVR de 22 canales al segundo teniente Rodríguez Almonte. Testigos señalan que el dispositivo también fue entregado a la fiscal Cristina Ramírez y al general Juan Bautista Jiménez, director Cibao Central de la Policía Nacional.
Aunque el DVR almacenaba material de más de veinte cámaras, solo se extrajeron tres cortes de video.
El pasado jueves 4 de diciembre, el Ministerio Público informó a los abogados de la familia que solo quedaban dos videos, sin explicación clara sobre el paradero del tercero, a pesar de que aparece registrado en el acta de entrega. De acuerdo con los familiares, los magistrados a cargo del caso les aseguraron que los demás videos “no están”.
La situación generó nuevas dudas cuando se supo que el DVR, entregado el 14 de noviembre, fue inspeccionado el 4 de diciembre por el magistrado Wilson Camacho en la Hacienda Los Caballos, lo que ha despertado preguntas sobre por qué el dispositivo fue devuelto sin haberse concluido la investigación.
Señalamientos a la fiscal Cristina Ramírez
La madre de Stephora y sus representantes legales afirman que la fiscal Cristina Ramírez, del Departamento de Homicidios, se negó a recibir la denuncia inicial y que su actuación ha sido negligente desde el inicio del proceso.
También la señalan en relación con otro caso: la muerte del peluquero Vladi Valerio y otras cinco personas en La Barranquita a manos de la Policía, hecho en el que —según la familia— los videos también desaparecieron.
Pese a estas acusaciones, el Ministerio Público no ha anunciado sanciones disciplinarias hasta el momento.
Medidas de coerción y reacción del Ministerio Público
La magistrada Olga Diná Llaverías, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), informó que el Ministerio Público no está conforme con las medidas de coerción dictadas ayer y que presentarán recurso de apelación.
El tribunal impuso garantía económica de RD$500,000 y presentación periódica a:
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Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del colegio Leonardo Da Vinci
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Francisca Josefina Tavárez Vélez, orientadora
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Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario
En cambio, Gisela González, coordinadora general, fue dejada en libertad pura y simple, tras entender el tribunal que no existían pruebas que la vincularan al hecho y que, además, no estaba presente en la hacienda al momento del deceso.
Los representantes legales de la familia expresaron su desacuerdo con la decisión, pero afirmaron que la respetan, señalando que los verdaderos responsables no fueron incluidos en la solicitud de coerción del Ministerio Público.
Audiencias y estatus del proceso
La primera audiencia, pautada para el 9 de diciembre, fue aplazada para que los abogados pudieran depositar documentos esenciales.
La defensa de la familia explicó que también se pospuso para notificar formalmente a la madre de Stephora y permitir que los representantes conocieran el expediente, que les fue entregado el lunes 8, pasadas las 4:00 p. m.
La imputación del Ministerio Público permanece bajo la calificación de homicidio involuntario y negligencia, mientras las autoridades aseguran que continuarán una investigación “responsable y con sanciones contundentes”.
