En coincidencia con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Parlamento italiano aprobó una ley que tipifica el feminicidio en su código penal y establece la cadena perpetua como castigo máximo. La pieza legislativa obtuvo un respaldo mayoritario y surge tras una ola de casos de violencia extrema, incluido el asesinato de la joven universitaria Giulia Cecchettin en 2023, que generó gran indignación pública.
La normativa, impulsada por el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni, también incorpora medidas más estrictas contra delitos de género como el acoso y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Meloni destacó que su administración ha fortalecido la atención a víctimas mediante mayor financiamiento a centros de apoyo y campañas educativas, aunque reconoció que “queda mucho por hacer”.
Pese al apoyo de la oposición en la votación final, líderes progresistas criticaron que la ley se enfoque solo en la represión penal sin atender desigualdades culturales y económicas que alimentan la violencia. El debate también se ha encendido en torno a la educación sexual y emocional en las escuelas, ya que el gobierno propone restringir estos programas mientras que sectores sociales reclaman su obligatoriedad como herramienta clave de prevención.
