Un grupo de 36 legisladoras presentó ante la Cámara de Diputados un anteproyecto de ley denominado “Ley Orgánica que crea el Sistema Nacional de Protección Integral para Víctimas de Violencia y Coerción Reproductiva (SNPIVEF)”, que busca establecer rutas de atención diferenciadas para niñas y adolescentes embarazadas, especialmente en casos de violación, incesto o riesgo vital. La iniciativa, impulsada por la diputada Margarita Tejada de la Rosa, propone que el personal médico actúe conforme a protocolos de emergencia para salvar la vida o la salud mental de la menor, sin que se considere delito.
El proyecto plantea que en casos donde el embarazo represente peligro extremo o derive de abuso sexual, los médicos puedan aplicar abortos terapéuticos indirectos, documentando las causas clínicas y notificando al Ministerio Público y al juez de Niños, Niñas y Adolescentes. Este último, con el visto bueno de las autoridades judiciales, podría emitir una opinión dirigida al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional, con fines de conceder indultos anticipados por razones humanitarias en caso de que el aborto se practique.
Además, la propuesta ordena al Ministerio Público abstenerse de perseguir penalmente a profesionales de la salud o a las menores cuando la interrupción del embarazo se justifique por salvar la vida o evitar un daño grave. También prohíbe la detención o denuncia de adolescentes que lleguen a centros de salud tras abortos espontáneos o inducidos, estableciendo que el rol del personal sanitario debe ser proteger la vida y ofrecer consejería, no actuar como autoridad policial.
