SANTO DOMINGO.- Ángel Luis Guzmán Vásquez, exauxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), continuará en prisión preventiva por su presunta vinculación con una estructura de corrupción investigada por el desvío de miles de millones de pesos de la aseguradora estatal.
El Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ratificó la medida de coerción durante una audiencia celebrada el viernes, al determinar que permanecen las circunstancias que justificaron inicialmente su imposición.
La decisión fue adoptada por el juez Raymundo Mejía, quien estableció un plazo de tres meses para la próxima revisión obligatoria de la prisión preventiva.
El fiscal Emmanuel Ramírez, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, explicó que el tribunal consideró que no se han producido cambios en los presupuestos procesales que motivaron la medida y que el caso conserva su gravedad.
Autorizaciones médicas bajo investigación
Guzmán Vásquez trabajó en el Departamento de Autorizaciones Médicas de SeNaSa desde el 8 de marzo de 2021 hasta el 1 de noviembre de 2022.
Según el Ministerio Público, el imputado habría participado en autorizaciones irregulares de consultas y procedimientos médicos utilizadas para obtener recursos económicos mediante mecanismos fraudulentos.
La investigación de la Operación Cobra comprende 4,363 autorizaciones de cirugía menor ambulatoria y consultas especializadas, solicitadas entre el 28 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025, por un monto acumulado de al menos RD$41,125,551.02.
El ex empleado fue arrestado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) a finales de abril de 2026, cuando intentaba viajar hacia Boston, Estados Unidos, sin disponer de un boleto de regreso a República Dominicana.
Tras su detención, un tribunal le impuso 18 meses de prisión preventiva, medida que ya había sido confirmada en julio y que ahora vuelve a mantenerse.
Operación Cobra investiga un presunto esquema de corrupción millonario
El expediente forma parte de una investigación más amplia que involucra a antiguos funcionarios de SeNaSa, empleados administrativos y prestadores de servicios de salud.
De acuerdo con el órgano acusador, la estructura habría utilizado autorizaciones fraudulentas, alteraciones de estados financieros, pagos de sobornos y programas especiales sin sustento jurídico para desviar fondos públicos.
La investigación también contempla presuntas maniobras destinadas a obtener pagos fuera de los parámetros legalmente establecidos.
Entre los delitos atribuidos a los integrantes de la supuesta organización figuran coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
El Ministerio Público sostiene que el esquema operó mediante la participación coordinada de funcionarios de la aseguradora y proveedores de servicios médicos. Estas acusaciones deberán ser demostradas durante el proceso judicial.
Más imputados y diferentes medidas de coerción
La investigación se amplió en septiembre con la Operación Cobra 2.0, que llevó ante los tribunales a otros involucrados, incluidos profesionales del sector salud.
Como resultado, se impusieron medidas privativas de libertad a 24 imputados, entre prisión preventiva y arresto domiciliario, además de garantías económicas, impedimentos de salida y presentaciones periódicas para otros procesados.
Entre los enviados a prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras figuran Angeury Guzmán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Wander Díaz y Juan Henry Poueriet.
En Najayo Mujeres cumplen la misma medida Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista, con un plazo de 18 meses.
Para estos imputados, la revisión obligatoria de las medidas fue fijada para el 22 de diciembre de 2026.
Arrestos domiciliarios y garantías económicas
El tribunal también dispuso arresto domiciliario contra Heidy Coronado, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Víctor Felipe Rodríguez García y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Por otra parte, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Keila Beatriz Acosta Leonardo y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo recibieron arresto domiciliario, impedimento de salida y garantías económicas de RD$2 millones, mediante compañías aseguradoras.
A Martha María Saldaña Saldaña se le impuso una garantía de RD$3 millones, acompañada de arresto domiciliario e impedimento de salida del país.
Mientras tanto, José Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltré quedaron sujetos a garantías económicas de RD$1 millón, presentación periódica e impedimento de salida.
Exdirector de SeNaSa también figura entre los procesados
La investigación original de la Operación Cobra incluye al exdirector de SeNaSa Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
Los procesados cumplen distintas medidas de coerción mientras avanzan las actuaciones judiciales.
Además de procurar sanciones penales, el Ministerio Público busca el decomiso de los recursos que, según sus investigaciones, fueron sustraídos al Estado dominicano mediante el presunto entramado.
Operación Onco14 amplía investigaciones al sector oncológico
Otra línea de investigación vinculada con el caso es la Operación Onco14, ejecutada en junio, que permitió el arresto de tres personas por presuntas irregularidades relacionadas con el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
El Ministerio Público atribuye a los investigados maniobras fraudulentas que habrían perjudicado a la institución oncológica, a pacientes con cáncer y al SeNaSa.
Entre los detenidos figura Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC.
También fueron arrestadas su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, de quien se divorció en 2014.
Vargas Sánchez ocupó la vicepresidencia del patronato y desempeñó funciones de auditoría interna y externa durante la gestión de Lora Cruceta.
Actualmente, Lora Cruceta y Luisa Yasiris Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras que Vargas Sánchez permanece bajo arresto domiciliario.
Las distintas líneas de investigación continúan bajo la dirección del Ministerio Público, que procura establecer las responsabilidades individuales de los imputados y recuperar los fondos presuntamente desviados de las instituciones afectadas.
