PUERTO PLATA.- Las amenazas de muerte utilizadas para mantener en silencio a una adolescente que sufría abusos sexuales formaron parte de las pruebas que llevaron a un tribunal de Puerto Plata a imponer una condena de 20 años de prisión contra Abel Ariel Villa de la Cruz, declarado culpable de violación sexual y abuso psicológico.
El proceso judicial permitió establecer que las agresiones ocurrieron en repetidas ocasiones dentro de la vivienda de la víctima, desde que esta tenía 13 años. El condenado recurría a la intimidación para impedir que la menor revelara lo sucedido, según los hechos demostrados por el Ministerio Público.
La situación llegó a conocimiento de las instituciones de protección infantil el 21 de abril de 2025, cuando el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) recibió información sobre el caso. A partir de ese momento se desarrollaron las investigaciones que permitieron documentar los delitos y sustentar la acusación penal.
Durante el juicio, la Fiscalía de Puerto Plata presentó los elementos probatorios con los que acreditó la responsabilidad del procesado. El tribunal acogió la solicitud de condena formulada por el órgano acusador, al considerar demostrados los hechos cometidos contra la adolescente, identificada en el expediente como una menor de 14 años.
La investigación fue conducida por la fiscal Carmelina Soto, coordinadora de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, mientras que la presentación de la acusación ante los jueces estuvo a cargo del fiscal José Martínez Montán.
El conocimiento del caso correspondió al Tribunal Colegiado de la jurisdicción penal de Puerto Plata, presidido por la magistrada Jakayra Veras, que dispuso el cumplimiento de la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe, ubicado en esa provincia.
Para fundamentar la responsabilidad penal de Villa de la Cruz, el Ministerio Público invocó las disposiciones del Código Penal dominicano modificadas por la Ley 24-97 sobre violencia de género, así como la Ley 136-03, que establece el sistema de protección y los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.
La sentencia sanciona tanto las agresiones sexuales como el abuso psicológico ejercido mediante amenazas, dos componentes de un mismo caso en el que la intimidación fue utilizada para impedir que la víctima denunciara los hechos.
Con la decisión judicial, el proceso iniciado tras la comunicación recibida por Conani concluye en esta instancia con una pena de dos décadas de prisión, en un caso que evidencia la importancia de detectar y denunciar situaciones de violencia sexual contra menores de edad.
