SAN CRISTÓBAL.- Más de 300 máquinas tragamonedas confiscadas durante operativos contra el juego ilegal fueron destruidas en esta provincia, como parte de las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la utilización de equipos que operaban fuera de los espacios autorizados por la legislación dominicana.
La eliminación de los aparatos se realizó en el mercado del sector Canastica, donde también fueron destruidos otros objetos ocupados durante las intervenciones. La actividad estuvo a cargo de la Fiscalía de San Cristóbal y la Policía Nacional, instituciones responsables de las actuaciones contra estas prácticas.
En República Dominicana, la instalación y operación de máquinas tragamonedas están sujetas a restricciones legales. Las leyes 29-06 y 351 regulan los lugares donde pueden funcionar estos dispositivos y establecen sanciones para quienes incumplan las disposiciones aplicables a los juegos de azar.
Los equipos destruidos habían sido retenidos en diferentes operativos realizados por las autoridades. Su disposición final estuvo supervisada por personal del Departamento de Evidencias de la Fiscalía, encargado de garantizar que los objetos incautados recibieran el tratamiento correspondiente conforme a los procedimientos establecidos.
Al frente de la jornada estuvo la fiscal titular Ramona Santana Uceta, acompañada por Heydi Durán y Paulery Valdez, responsables del área de evidencias. También participaron representantes de la dirección regional de la Policía Nacional, encabezados por el general Antonio del Carmen de los Santos.
Entre los oficiales presentes figuraron el coronel Jofre Guzmán Camilo, subdirector regional; el coronel Yuveres Cueva Aquino, comandante del Departamento Operativo I, y el mayor Lenny de Jesús Muñoz, supervisor de cuadrante.
La intervención forma parte de las acciones institucionales dirigidas a enfrentar la explotación irregular de juegos de azar y reforzar el cumplimiento de las normas que limitan la instalación de tragamonedas en establecimientos no autorizados.
Santana Uceta sostuvo que el Ministerio Público mantendrá la coordinación con la Policía Nacional para perseguir las actividades ilícitas que afectan el orden público y garantizar que los bienes ocupados durante esos procedimientos sean manejados conforme a la ley.
Con la destrucción de los equipos, las autoridades completaron el proceso de disposición de las máquinas confiscadas, mientras mantienen su compromiso de continuar las intervenciones contra la operación ilegal de estos dispositivos en San Cristóbal.
