Una intervención odontológica que, según el Ministerio Público, fue realizada por una persona sin autorización legal para ejercer la profesión terminó con una paciente afectada por lesiones permanentes y dio origen a un proceso penal en la provincia de La Vega. Un tribunal de atención permanente impuso medidas de coerción contra dos hermanos señalados por su presunta participación en el caso.
La jueza Adaías Sánchez Collado, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega, ordenó una garantía económica de RD$75,000 en efectivo y presentación periódica durante seis meses para Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, acusado de practicar odontología sin exequátur. También dispuso una garantía económica de RD$20,000 y la misma obligación de comparecencia periódica para su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, de 52 años, propietario del consultorio donde se realizó el procedimiento.
Las investigaciones sostienen que el hecho ocurrió el 17 de enero, cuando la paciente acudió al consultorio ubicado en el Centro Médico V Centenario, en La Vega, para someterse a la extracción de cuatro terceros molares cubierta por su seguro médico. De acuerdo con el expediente, Franklin José Almánzar asumió la intervención pese a no contar con la autorización legal para ejercer la odontología. Durante la cirugía, que se prolongó por aproximadamente cuatro horas, la mujer habría recibido múltiples aplicaciones de anestesia y maniobras que no lograron completar el procedimiento.
Tras abandonar el consultorio, la paciente continuó presentando dolor intenso e inflamación facial, por lo que buscó atención con otros especialistas. Los diagnósticos médicos incorporados a la investigación establecen que sufrió lesiones permanentes, entre ellas parestesia mandibular derecha, nervios atrofiados, edema facial moderado, trismo, alveolitis y una herida desgarrada, además de dolor persistente en la zona intervenida.
El Ministerio Público sostiene que las actuaciones de los imputados constituyen un caso de presunto intrusismo profesional y advierte que la intervención pudo poner en riesgo la vida de la paciente. Como parte de las evidencias, los fiscales incorporaron una certificación del Ministerio de Salud Pública que establece que Franklin José Almánzar Escarramán no posee exequátur para ejercer la odontología. Ambos enfrentan una investigación por presuntas violaciones al Código Penal, la Ley General de Salud y la Ley que crea el Colegio Dominicano de Odontólogos, mientras el proceso judicial continúa en su fase inicial.
