La jueza Fátima Veloz, encargada de conocer la medida de coerción contra los administradores de Comercial Barra Payán, fue recusada por el abogado de uno de los querellantes tras un incidente planteado por la defensa durante la audiencia en el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional. Ante la acción, la magistrada decidió aplazar el proceso hasta que la Corte de Apelación determine si la ratifica en el caso o designa a otro juez.
Los imputados están señalados por un alegado fraude que supera los RD$39.7 millones, en perjuicio de varios socios de la empresa. Según la investigación del Ministerio Público, sustentada en una auditoría forense, se habría implementado un esquema para no depositar la totalidad del dinero de las ventas, detectándose diferencias entre los registros manuales de caja y los depósitos bancarios, principalmente entre 2019 y 2022. La fiscalía solicita garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica para los acusados.
La defensa calificó la recusación como “terrorismo judicial” y aseguró que se trata de una maniobra para dilatar el proceso ante una posible prescripción de los hechos. También sostiene que el conflicto responde a un tema hereditario y no penal, al tiempo que advirtió que, si la Corte rechaza la recusación, pedirá sanciones contra quienes considera han abusado de los mecanismos judiciales.
