SANTO DOMINGO.- Rafael Martínez Hazim, imputado en el proceso relacionado con el presunto desfalco al Seguro Nacional de Salud (Senasa), cuestionó ante el tribunal el alcance de la investigación y pidió al Ministerio Público dirigir su atención hacia empresarios que, según afirmó, habrían manejado facturaciones de miles de millones de pesos sin enfrentar el mismo proceso judicial.
Durante su intervención, Martínez Hazim sostuvo que existirían empresarios vinculados a operaciones por unos RD$3,000 millones que permanecen en libertad, mientras él lleva meses bajo prisión preventiva por una operación relacionada con una empresa de su padre.
El imputado estableció una comparación entre ambos escenarios para cuestionar la proporcionalidad de la medida que pesa en su contra. Aseguró que la compañía vinculada a su caso habría facturado cerca de RD$13 millones y afirmó que esta no realizaba ventas directamente al Senasa.
“Yo no debería estar aquí preso. Yo no desfalqué nada”, manifestó ante el tribunal, al insistir en que ningún testigo lo habría señalado directamente como responsable de las irregularidades que son objeto del proceso.
Su defensa también busca modificar las condiciones de su prisión preventiva. Martínez Hazim planteó que la medida sea sustituida por arresto domiciliario e impedimento de salida del país, al tiempo que hizo referencia a problemas de salud y a una cirugía que tiene pendiente.
El imputado aseguró además que su participación dentro del expediente sería secundaria y cuestionó la cantidad de veces que ha sido interrogado en comparación con otras personas involucradas en la investigación. “Yo no les sirvo de nada. Yo soy aquí un accesorio”, afirmó.
Más allá de su situación personal, su principal reclamo durante la audiencia fue que las autoridades amplíen el escrutinio sobre otros empresarios que, de acuerdo con su versión, tuvieron operaciones económicas de mayor magnitud. Pidió que se investigue a quienes considera que deberían formar parte del proceso.
Martínez Hazim rechazó finalmente la posibilidad de abandonar el país y aseguró que su intención es permanecer para defender su nombre y el de su familia. También vinculó su posición dentro del caso con la empresa de su padre, a quien identificó como propietaria del negocio relacionado con la investigación.
Sus planteamientos forman parte de la estrategia de defensa dentro de un proceso en el que todavía corresponde a los tribunales determinar las responsabilidades individuales de los imputados y valorar las pruebas presentadas por las partes.
