SANTO DOMINGO.- La investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) volvió a generar interrogantes este domingo, luego de que el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, publicara en su cuenta de X un enigmático “3.0” acompañado de emojis relacionados con maquinaria, una ambulancia, un reloj de arena y la justicia.
El mensaje apareció pocas horas después de que el Ministerio Público depositara la solicitud de medida de coerción contra 25 personas vinculadas a la Operación Cobra 2.0-A, una nueva línea de investigación que involucra a empleados de SeNaSa, médicos y otras personas señaladas por las autoridades de participar en maniobras para afectar fondos públicos.
Camacho no mencionó a SeNaSa, tampoco explicó el significado de la publicación ni confirmó que el “3.0” corresponda a una tercera fase de las pesquisas. Por esa razón, cualquier conexión entre el mensaje y una eventual nueva operación permanece, por ahora, como una posibilidad que no ha sido formalmente anunciada por el Ministerio Público.
La expectativa adquiere mayor dimensión porque la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, afirmó al presentar el expediente que las investigaciones sobre SeNaSa comprenden distintas líneas y que el proceso puede continuar ampliándose.
El expediente depositado ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional consta de unas 525 páginas. Para los 25 imputados, el Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva y pidió que el proceso sea declarado de tramitación compleja, alegando la existencia de múltiples hechos, víctimas y posibles implicados, además de características de delincuencia organizada.
La línea investigativa presentada en esta etapa cuantifica en más de 40 millones de pesos la presunta sustracción de fondos públicos. El Ministerio Público sostiene que los involucrados habrían actuado en complicidad con empleados de la ARS estatal para aprovecharse de los recursos administrados por SeNaSa.
Entre los procesados figuran Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez.
La lista incluye además a los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
El grupo médico señalado por el Ministerio Público también está integrado por Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
La presentación de esta solicitud constituye, según Ortiz, otra manifestación de que el expediente Cobra contiene diferentes líneas sobre la forma en que presuntamente fueron sustraídos recursos de SeNaSa. La funcionaria definió la operación como una tercera investigación vinculada con fondos que habrían sido afectados dentro de las pesquisas generales sobre la aseguradora estatal.
El Ministerio Público sostiene que esta etapa no debe analizarse como un expediente aislado, sino como parte de una investigación más amplia que ha ido incorporando diferentes estructuras y mecanismos presuntamente utilizados para afectar recursos públicos. La institución había advertido previamente que las pesquisas podían generar nuevas actuaciones a partir de la evidencia obtenida.
Ese contexto es el que convierte el “3.0” publicado por Camacho en un elemento de atención, aunque no en una confirmación de que exista una nueva operación. El mensaje, por sí solo, no establece si se trata de una referencia al caso SeNaSa, a una futura actuación judicial o a otro asunto relacionado con la labor de la Dirección General de Persecución.
Por ahora, la certeza está en la fase judicial que acaba de abrirse con la solicitud de coerción contra los 25 imputados. La eventual existencia de un “SeNaSa 3.0”, en cambio, dependerá de que el Ministerio Público explique oficialmente el alcance del mensaje o anuncie nuevas acciones dentro de las investigaciones.
