La investigación por la muerte de Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 19 años, entrará este lunes en una nueva etapa judicial con el conocimiento de la medida de coerción contra el cabo de la Policía Nacional señalado como responsable del disparo que acabó con la vida del joven durante un operativo en el sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, Santo Domingo Oeste.
La audiencia fue programada para las 12:00 del mediodía por el Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, que conocerá el expediente presentado contra el alistado José Francisco Moreta Heredia. El Ministerio Público solicitará que el imputado permanezca en prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso penal.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público, encabezada por la procuradora general adjunta Yeni Berenice Reynoso, calificó el caso como un hecho «indignante» y confirmó que la acusación presentada corresponde al delito de homicidio voluntario. La calificación jurídica se fundamenta en los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que sancionan este tipo de conducta.
La investigación preliminar establece que el incidente ocurrió alrededor de las 5:00 de la tarde del pasado viernes, cuando el agente realizaba labores de patrullaje y requisaba a Fénix Junior Ceballos Guzmán, quien conducía una motocicleta perteneciente a la víctima. El expediente sostiene que Mercado Reyes se acercó para informar que era el propietario del vehículo y, en ese momento, el policía presuntamente le disparó en el tórax sin mediar palabras, provocándole la muerte en el lugar.
Entre las principales evidencias figura un video captado por Ceballos Guzmán con su teléfono celular durante el desarrollo del hecho. El dispositivo será enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para la extracción y análisis del material audiovisual, el cual formará parte de las pruebas que sustentan la acusación. Además, el Ministerio Público sostiene que existen suficientes elementos para vincular al imputado con el crimen y argumenta que no posee el arraigo necesario para garantizar su comparecencia durante el proceso, razón por la que insiste en la imposición de prisión preventiva. El caso ha reavivado el debate sobre el uso de la fuerza por parte de agentes policiales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas en actuaciones que involucren a civiles.
