SANTO DOMINGO.- El proceso judicial derivado de la Operación Calamar entró este miércoles en su etapa de juicio de fondo con una acusación del Ministerio Público que atribuye a Donald Guerrero y otros procesados un esquema mediante el cual, según el órgano acusador, fueron defraudadas las arcas del Estado por más de RD$19,000 millones.
Ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, los fiscales comenzaron a exponer las pruebas con las que buscan demostrar la responsabilidad penal de los acusados y explicar el funcionamiento de la estructura que, de acuerdo con la acusación, habría utilizado distintos mecanismos para obtener recursos públicos y posteriormente ocultar su procedencia.
El Ministerio Público sostiene que entre las operaciones investigadas figuran pagos irregulares relacionados con expropiaciones, reconocimientos de deudas sin causa lícita y cesiones de créditos que habrían permitido transferir fondos públicos hacia personas y sociedades que, según la acusación, no eran sus verdaderos destinatarios.
Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, abrió la presentación de la acusación ante el tribunal. Mirna Ortiz, titular de la Pepca, explicó posteriormente que las pruebas incluyen testimonios, peritajes y otros elementos que serán incorporados durante el desarrollo del proceso.
La acusación también plantea que los recursos obtenidos mediante esas operaciones posteriormente eran sometidos a mecanismos de ocultamiento, simulación y encubrimiento para dificultar establecer su origen. Para ello, según el Ministerio Público, habrían intervenido personas utilizadas como prestanombres y sociedades comerciales empleadas en las operaciones.
Uno de los componentes señalados por los fiscales corresponde al destino final de los fondos. La acusación sostiene que parte de los recursos terminó incorporada al patrimonio de los beneficiarios mediante bienes muebles e inmuebles y que también habría sido utilizada en actividades políticas cuyos recursos, según el órgano acusador, no podían ser declarados formalmente ante la Junta Central Electoral por su supuesto origen ilícito.
El caso llega a esta etapa después de que en mayo el Ministerio Público obtuviera la apertura a juicio contra 35 de los 40 acusados que permanecían vinculados al expediente. Entre ellos figura el exministro de Hacienda Ángel Donald Guerrero Ortiz, además de Ángel Lockward, Daniel Omar de Jesús Camacho Santana, Luis Miguel Piccirillo Mccabe, Claudio Silver Peña y Julián Omar Fernández Figueroa.
Otros acusados, entre ellos los exministros José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo Terrero, fueron favorecidos con un auto de no ha lugar que posteriormente fue apelado por el Ministerio Público. Esa impugnación mantiene separada su situación procesal de la de quienes actualmente enfrentan el juicio.
Durante su intervención, Mirna Ortiz sostuvo que la acusación permitirá al tribunal conocer las diferentes líneas de investigación y los elementos probatorios que, según el Ministerio Público, sustentan los cargos formulados contra los procesados. La fiscal también afirmó que la institución continúa investigando posibles hechos relacionados con el expediente.
El juicio estará a cargo de las juezas Arlin Ventura Jiménez, presidenta del tribunal; Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez. Tras la presentación inicial de la acusación, las magistradas aplazaron la audiencia para el próximo 24 de septiembre, a las 9:00 de la mañana.
A partir de esa fecha continuará la incorporación de los elementos que el Ministerio Público pretende utilizar para demostrar su teoría del caso, mientras la defensa de los acusados tendrá la oportunidad de controvertir las imputaciones y las pruebas presentadas durante el proceso.
