
El proceso judicial contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez continuará su curso hacia el juicio de fondo, luego de que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional descartara la petición con la que su defensa buscaba poner fin al expediente.
La resolución fue adoptada por las magistradas Claribel Nivar, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, quienes examinaron el desarrollo que ha tenido la causa antes de decidir que no correspondía ordenar su terminación. El tribunal reconoció que el expediente ya había alcanzado el límite temporal previsto para este tipo de procesos, pero consideró necesario valorar las circunstancias que rodearon su tramitación.
El fallo deja sin efecto, por ahora, la principal vía utilizada por la defensa para intentar cerrar el caso antes de que se conozcan las acusaciones en un juicio de fondo. La decisión permite que el expediente avance hacia esa etapa, en la que deberán discutirse las pruebas y los planteamientos de las partes.
La defensa, sin embargo, no da por cerrado el debate. El abogado Carlos Balcácer anunció que recurrirá la decisión y cuestionó el razonamiento utilizado por las juezas para descartar la extinción. A su juicio, el reconocimiento de que el límite temporal ya fue alcanzado constituye un elemento central de la posición que ha sostenido el equipo legal del exprocurador.
Uno de los puntos de mayor controversia está relacionado con la valoración judicial del denominado “plazo razonable”, criterio empleado por el tribunal al analizar si la duración del expediente justificaba su terminación. Para la defensa, ese razonamiento no resuelve la cuestión planteada sobre el vencimiento del término establecido para la tramitación del proceso.
El debate sobre la duración de este expediente ya había trascendido la sala de audiencias y provocado opiniones de juristas. Entre quienes se han referido al tema figura Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, quien había expuesto consideraciones sobre las consecuencias jurídicas asociadas al vencimiento de los plazos procesales.
La decisión representa así un nuevo capítulo en uno de los procesos judiciales de mayor seguimiento público de los últimos años. Con la solicitud de extinción rechazada, el caso permanece abierto y la controversia se traslada ahora a las vías de impugnación que la defensa decida utilizar, mientras el proceso principal continúa su curso.








