SAN JUAN.- La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, firmó una resolución para solicitar formalmente al presidente estadounidense Donald Trump y al Congreso de Estados Unidos que la isla sea admitida como el estado número 51 de la Unión, una iniciativa que coloca nuevamente el futuro político del territorio en manos de las autoridades federales.
La medida, identificada como Resolución Conjunta de la Cámara 391, busca diferenciarse de los esfuerzos anteriores al convertir la petición de estadidad en una solicitud oficial del Gobierno puertorriqueño, en lugar de limitarse a comunicar los resultados de consultas electorales celebradas en la isla.
González defendió la iniciativa como parte de los compromisos asumidos por su administración y sostuvo que responde a la voluntad expresada por los ciudadanos en distintos referendos, aunque estos han sido no vinculantes. A su juicio, corresponde ahora al Congreso ejercer su autoridad constitucional y decidir si admite a Puerto Rico en igualdad de condiciones con los demás estados.
La gobernadora presentó la resolución acompañada de legisladores, senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP) y funcionarios de su gabinete. Durante el acto, afirmó que los puertorriqueños han contribuido al desarrollo de Estados Unidos y cumplido con las responsabilidades asociadas a la ciudadanía estadounidense, por lo que considera que el Congreso debe atender la petición de plena integración.
El planteamiento también fue vinculado por González con el 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos. La funcionaria aseguró que su Gobierno continuará trabajando tanto en Puerto Rico como en Washington para impulsar la estadidad y describió el momento actual como una oportunidad para avanzar hacia la descolonización del territorio.
El PNP, organización política que lidera la gobernadora, promueve la incorporación de Puerto Rico como estado. En contraste, el Partido Popular Democrático (PPD) defiende la continuidad del Estado Libre Asociado, mientras que el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) aboga por la independencia. Estas diferencias mantienen el estatus político como uno de los principales ejes de la discusión pública en la isla.
Puerto Rico es actualmente un territorio de Estados Unidos con un régimen de Estado Libre Asociado. Aunque sus habitantes son ciudadanos estadounidenses, la isla no tiene la misma representación política federal que los estados y su futuro institucional continúa siendo objeto de debate entre las distintas corrientes políticas.
La propuesta de González modifica el enfoque de iniciativas anteriores que buscaban impulsar un referendo vinculante mediante el cual los puertorriqueños pudieran escoger entre varias alternativas, incluidas la estadidad, la soberanía en libre asociación y la independencia. Esos proyectos no llegaron a convertirse en ley federal.
La resolución actual, en cambio, concentra la petición en la admisión como estado y plantea que el Congreso actúe sobre esa solicitud específica. Sin embargo, la firma de la gobernadora no implica que Puerto Rico vaya a convertirse automáticamente en un estado, ya que la decisión corresponde a las autoridades federales estadounidenses.
Trump no se había pronunciado sobre esta nueva petición, de acuerdo con la información disponible al momento del anuncio. Aunque el presidente ha expresado interés en incorporar otros territorios o países a Estados Unidos, la posición de su administración sobre la solicitud puertorriqueña permanece sin definir públicamente.
